En medio de un proceso de paz que hasta ahora se mantenía en estricta reserva, el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, reconocido oficialmente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), sostienen negociaciones que buscan sentar las bases para un eventual fin de las hostilidades.
Ricardo Giraldo, abogado antioqueño contratado por el EGC para acompañar las conversaciones, reveló detalles inéditos del proceso en una entrevista con Semana. Según él, la prioridad ha sido humanizar el conflicto, reducir los impactos sobre la población civil y garantizar el respeto al derecho internacional humanitario.
Giraldo destacó que uno de los puntos centrales en la mesa es la seguridad jurídica y personal de los integrantes del EGC y sus familias. El grupo armado exige poner fin a lo que consideran persecuciones y montajes judiciales contra personas sin relación directa con la confrontación armada.
Catar, mediador estratégico en el proceso
La elección de Catar como país anfitrión de los diálogos generó múltiples especulaciones, pero Giraldo aclaró que la decisión responde a criterios técnicos. Catar, explicó, tiene un historial exitoso en mediación de conflictos internos e internacionales, además de reconocimiento como actor neutral.
“No solo tiene una política exterior enfocada en la resolución de disputas, sino que ha desarrollado una capacidad institucional especializada en procesos de diálogo y negociación. Ha firmado memorandos de entendimiento en temas de mediación con países como Suecia, Noruega y Finlandia, y ha llevado a cabo cooperaciones bilaterales en contextos sumamente complejos”, le expresó el jurista al citado medio.
Giraldo resaltó que Catar solo interviene cuando las partes lo solicitan, lo que asegura imparcialidad. Además, su enfoque combina diplomacia formal con canales informales, integrando voces tradicionalmente excluidas como mujeres, desplazados y minorías.
Los primeros acuerdos entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo
Según Giraldo, los primeros entendimientos alcanzados ya fueron consignados en un documento oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estos compromisos giran en torno al respeto al Derecho Internacional Humanitario, la reducción de la violencia y la protección de las comunidades.
No obstante, recalcó que se trata apenas de un punto de partida. “Este proceso no puede limitarse a dos actores armados, debe incluir a la sociedad civil y responder a las verdaderas necesidades de los territorios”, le dijo Giraldo a Semana.
En cuanto a una posible desmovilización, Giraldo fue enfático: no existe aún un acuerdo definitivo. Solo se han implementado experiencias piloto y verificación internacional en algunos territorios, pero cualquier anuncio de desmovilización total sería prematuro.
Líneas rojas del Clan del Golfo
El abogado explicó que el EGC tiene puntos innegociables en la mesa. Entre ellos, la protección integral de las comunidades en los territorios donde se mueven, pues no aceptarán que la población quede expuesta a otros grupos armados tras un eventual desarme.
Otra línea roja es la irreversibilidad de los acuerdos: lo pactado no puede depender de coyunturas políticas. Finalmente, la no extradición de sus integrantes es una condición que consideran indispensable para generar confianza en el proceso.
El ambiente en la mesa, según Giraldo, es positivo. Sin embargo, el futuro de las conversaciones dependerá de que los primeros compromisos se cumplan con hechos concretos.