Una revisión minuciosa de la Corte Constitucional arrojó un balance nada favorable para el país. Situación que motivó a la Corte a declarar que el acceso a medicamentos de los colombianos presenta un nivel de cumplimiento bajo, con respecto a lo estipulado en la Sentencia T-760 de 2008, en la que se obliga al Estado a garantizar a los pacientes la entrega oportuna de sus fármacos.
Esta obligación está incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), junto a la lista de servicios, procedimientos y medicamentos que las EPS deben suministrar a sus afiliados del régimen cotizante como los subsidiados. Podría interesarle: Un colombiano espera hasta 250 días por medicamentos, según nuevo estudio
La Corte Constitucional constató que persisten graves dificultades en la entrega de fármacos por deudas acumuladas entre EPS y gestores farmacéuticos, incremento de tutelas de pacientes, retrasos en trámites del Invima y ausencia de información confiable para alertar los desabastecimientos.
Desabastecimiento en fármacos destinados a enfermedades graves
El Auto 1282 de 2025 señaló que la cartera entre los actores del sistema de salud ascendía a más de 4,1 billones de pesos con los gestores farmacéuticos, lo que limita la entrega de medicamentos PBS. Entre los acreedores se encuentran Audifarma, Cruz Verde, Colsubsidio y Cafam, que reportaron moras de hasta 804 días en los pagos. Lea también: Escasez de medicamentos en Cartagena: ¿qué está pasando y por qué?
La Corte concluyó que, aunque no existe un desabastecimiento general en el país, sí se presentan problemas de dispensación de al menos 174 medicamentos, especialmente los destinados al tratamiento de enfermedades graves como cáncer, VIH, epilepsia, diabetes, enfermedades huérfanas, problemas cardiacos, hormonales, anticonceptivos y antibióticos
Entre enero de 2022 y julio de 2025 las tutelas por falta de entrega oportuna de fármacos aumentaron de forma considerable. Según la Corte, entre 2022 y 2023 crecieron un 32,46 %, mientras que entre 2023 y 2024 el aumento fue del 106,81 %. En el primer semestre de 2025, las acciones judiciales ya equivalían al 59,67 % de las radicadas en todo 2024. Podría leer: Invima alerta sobre famoso medicamento falsificado que se vende en tiendas de Colombia
El alto tribunal advirtió que esta judicialización masiva refleja el deterioro en la garantía del derecho fundamental a la salud y constituye una sobrecarga tanto para los pacientes como para el sistema judicial. En su decisión, la Sala Especial de Seguimiento reiteró que los medicamentos son un componente esencial del derecho a la salud y que su entrega oportuna resulta vital para preservar la vida, la dignidad y la calidad de los pacientes.