El presidente Gustavo Petro denunció este jueves la existencia de un supuesto “golpe antidemocrático” en su contra, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara habilitar la inscripción de los precandidatos del Pacto Histórico para la consulta interna prevista el próximo 26 de octubre.
El mandatario, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que la decisión de la justicia “abre la puerta de la democracia” y acusó a la oposición de intentar impedir la participación política de la coalición de Gobierno.
Según Petro, mientras se le señalaba de buscar una reelección o de preparar un fraude electoral, “la oposición estaba trabajando era que no pudieramos participar en elecciones, que el Pacto Histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de gobierno”. Lea: Tribunal suspende resolución del CNE y habilita inscripción del Pacto Histórico
El presidente insistió en que el objetivo de esos movimientos era frenar el avance de su proyecto político: “Querían cerrarle la puerta a la mayoría popular de Colombia”.
También expresó reconocimiento a los magistrados del Tribunal por, en sus palabras, haber “podido develar el golpe antidemocrático” y garantizar el derecho a la conformación de partidos políticos. En su declaración, concluyó que el proceso electoral seguirá su curso y será la ciudadanía la que determine el rumbo del país. “Las elecciones serán democráticas y en paz. El pueblo decidirá si nos devolvemos o avanzamos”, afirmó.
Tribunal de Bogotá suspende decisión del CNE sobre el Pacto Histórico
El pronunciamiento del jefe de Estado se originó tras una providencia de la Sala Unitaria Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que dictó una medida provisional en favor del Pacto Histórico.
La decisión suspendió parcialmente los efectos de una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual condicionaba la personería jurídica de la coalición a que se resolvieran previamente procesos sancionatorios en curso.
El fallo fue producto de una acción de tutela interpuesta por los precandidatos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, quienes argumentaron que la medida del CNE vulneraba sus derechos a la igualdad y al debido proceso.
La magistrada ponente, Karen Lucía Castro Ortega, consideró que existía riesgo de un “perjuicio irremediable” si no se intervenía de inmediato, ya que el plazo para la inscripción de las precandidaturas vencía el 26 de septiembre. De mantenerse la resolución del CNE, el oficialismo habría quedado sin posibilidad de participar en la consulta.
Con esta orden, la Registraduría Nacional quedó obligada a habilitar de manera inmediata la inscripción de los aspirantes del Pacto Histórico, lo que asegura la continuidad del proceso electoral dentro de los plazos establecidos.