El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la seguridad del presidente Gustavo Petro no estuvo en riesgo pese a la investigación que dejó al descubierto un caso de infiltración en unidades militares encargadas de la protección de altos dignatarios.
Sus declaraciones se produjeron tras la captura de dos miembros activos del Ejército y una civil señalados de manipular operaciones de inteligencia en Bogotá y Cundinamarca.
“Aquí el mensaje es contundente en el sentido, por un lado, si bien es cierto, es un hecho que tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial, no está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República”, sostuvo Sánchez. Lea: Cámara negó moción de censura al ministro Pedro Sánchez
Militares implicados en la infiltración
La Fiscalía General identificó a los detenidos como el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y la civil Luisa Fernanda Salgado Fernández. De acuerdo con las pesquisas, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su rol de comandante en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso irregular de Salgado a instalaciones militares.
Las autoridades sostienen que la mujer se presentó como capitán y llegó a participar en operaciones tácticas y reuniones interinstitucionales. Incluso tuvo acceso a información reservada, secreta y ultrasecreta, entre la que se encontraban indagaciones judiciales, esquemas de seguridad de altos funcionarios y planes contra estructuras criminales como el ‘Tren de Aragua’.
La investigación también señala que el sargento Padilla entregó detalles de la logística de la unidad, incluyendo el uso de equipos de comunicaciones y drones. Esa colaboración habría facilitado que la civil se apropiara de documentos estratégicos sin cumplir con protocolos de seguridad.
Información reservada en manos de un civil
Según la Fiscalía, la infiltración permitió que material clasificado —como imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia— terminara en poder de Salgado. Parte de esos insumos se utilizó para solicitar diligencias judiciales, lo que engañó a fiscales y jueces al hacerles creer que la información provenía de fuentes legítimas.
Los operativos de captura se llevaron a cabo en Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.° 3 de Bogotá, con participación conjunta del Ejército y la Policía Nacional. Tras su detención, los tres implicados fueron llevados ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación de delitos como concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.
Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, advirtió que esta infiltración representó un riesgo para la seguridad nacional por la exposición de información clasificada. Además, aseguró que la investigación continuará para determinar si estructuras criminales tuvieron acceso a los datos sustraídos.