La situación jurídica de 34 miembros de la fuerza pública involucrados en “falsos positivos”, fue resuelta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al concederles la renuncia a la persecución penal, es decir, perdón judicial, por su participación en los asesinatos de nueve personas presentadas falsamente cómo bajas en combate en Boyacá, Cundinamarca y Santander, en el 2004 y 2008.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que los comparecientes, todos integrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc) de Chiquinquirá (Boyacá), no fueron considerados máximos responsables de estos crímenes y cumplieron con los requisitos exigidos para recibir el beneficio, que extingue la acción penal y disciplinaria en su contra. Podría interesarle: Exmilitares cometieron homicidios y desapariciones: la JEP los condenó
Este proceso no sancionatorio está dirigido a quienes no tuvieron un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales y que, a cambio, garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.
Los 34 ex uniformados no podrán reincorporarse a la fuerza pública
Las víctimas de estos hechos fueron Manuel Franco Pinzón, Víctor Alfonso Rodríguez, Mario Arturo Marín Varela, Milton César Acevedo Román, Elkin de Jesús Álvarez Cardona, Diego Alberto Pérez Mejía, Mauricio Ceballos Usma, Hugo Fernely Giraldo y Jhon Francisco Pacheco Parra.
Como parte de la decisión, la JEP dispuso que los 34 comparecientes no podrán reincorporarse a la fuerza pública y ordenó revocarles los reconocimientos e incentivos que recibieron por estas operaciones ilegítimas. Los magistrados advirtieron que el beneficio otorgado puede ser retirado si los exmilitares incumplen el régimen de condicionalidad, que les exige no volver a delinquir, atender los requerimientos de la JEP y reportar sus salidas del país. Lea también: JEP imputa a cuatro generales retirados por crímenes de guerra
Las tres modalidades de asesinatos reveladas por la JEP
La Sala concluyó que los aportes de verdad de los comparecientes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera lo establecido por la justicia ordinaria. Con esta decisión, la JEP ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 178 miembros de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables.
Se determinó que los asesinatos se cometieron bajo tres modalidades. En la primera, algunas personas eran retenidas, asesinadas y después presentadas como integrantes de grupos armados ilegales. En la segunda, otras víctimas eran trasladadas bajo engaño para asesinarlas y luego reportarlas como supuestos integrantes de grupos armados dados de baja en falsos combates. En la tercera, se asesinaba a las víctimas aprovechando circunstancias que facilitaban su selección, como simular la compra de un arma para luego ejecutar al vendedor. Sobre este tema: La JEP imputa crímenes a 12 exintegrantes de las FARC
En la resolución se lee que “todos los comparecientes reconocieron explícitamente su responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas indirectas, dignificando la memoria de las víctimas directas como civiles inocentes”. Próximamente, la JEP convocará a un espacio restaurativo para hacer seguimiento a estos actos de reparación simbólica.