En medio de la creciente presión de las disidencias de las Farc, el Ejército Nacional denunció el sábado que un grupo de 64 militares permanece retenido en el municipio de La Plata, Huila. La institución señaló que detrás de este hecho estaría la estructura ilegal Hernando González Acosta, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, que habría manipulado a comunidades campesinas para forzar la salida de la tropa de la región.
De acuerdo con la Novena Brigada, cerca de 500 personas provenientes de 12 veredas rodearon a dos pelotones en la vereda El Arrayán y los obligaron a abandonar el área. Aunque no se reportaron agresiones físicas, el coronel Henry Herrera Arenas, comandante de esa unidad militar, fue enfático al señalar que lo sucedido constituye un delito. “Impedirle la movilidad a un funcionario público y obligarlo a actuar en contra de su voluntad es un secuestro”, declaró en un medio nacional. Lea: Ejército incautó material de guerra y comunicaciones al ‘Clan del Golfo’
Comunidades bajo presión de las disidencias
La inteligencia militar sostiene que la población habría sido sometida a amenazas de desplazamiento y asesinatos selectivos para impedir la presencia de la fuerza pública. Según esa versión, las disidencias estarían instrumentalizando a los campesinos para frenar los operativos en el sur del Huila, un corredor estratégico para las economías ilegales.
El gobernador Rodrigo Villalba pidió mantener la institucionalidad en el territorio y advirtió que la ausencia de la fuerza pública deja un vacío aprovechado por los grupos ilegales. A su vez, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia hizo un llamado para garantizar la protección de los civiles, en un escenario en el que las comunidades quedan atrapadas entre las presiones de los armados y las operaciones militares.
Otro operativo frustrado en Meta
Paralelamente, en La Macarena, Meta, se presentó un hecho similar. Tropas de la Fuerza de Tarea Omega capturaron a Oliver Lozano Serna, señalado como coordinador logístico de las disidencias de alias Calarcá. Sin embargo, un grupo de ciudadanos rodeó a los militares e impidió su traslado, pese a que el hombre ya estaba esposado.
El general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de esa unidad, relató que la presión de la comunidad obligó a suspender el procedimiento y permitió que el detenido escapara.
El Ejército Nacional rechazó de manera categórica ambos episodios y los describió como intentos de manipulación de las comunidades por parte de las estructuras armadas ilegales. La institución pidió mayor respaldo de las autoridades nacionales e internacionales para enfrentar la influencia de los grupos que buscan limitar la acción de la fuerza pública en distintas regiones del país.