Luego de que exjefes de las Farc fueran condenados por miles de secuestros cometidos entre 1993 y 2016, pero no enviados a prisión, el expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó en 2016 el Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla, se pronunció.
En un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Santos expresó que entiende la “frustración” del país por las “débiles” condenas que impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al último mando de las Farc, pero resaltó que ese fue un compromiso del Estado.
“Entiendo la frustración, es la de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido, pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable”, dijo el expresidente. Le puede interesar: Condenan a 7 exjefes Farc por miles de secuestros: no van a la cárcel
Y agregó: “Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”.
Declaraciones sobre las sanciones de la JEP y la importancia de implementar el Acuerdo de Paz: pic.twitter.com/uLf6PbRfLx
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 17, 2025
Además, Santos recalcó que se han dicho “absurdos”, como que el acuerdo fue para “entregarle el país a las Farc” o para perseguir a otros expresidentes.
Exjefes de las Farc reciben condena de 8 años por miles de secuestros
Siete integrantes del último mando de las Farc, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, fueron condenados el martes, 16 de septiembre, por la JEP a penas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro” de esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.
Además de Londoño, los sancionados son Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo y Rodrigo Granda.
Aunque los condenados no irán a la cárcel, tendrán restricciones de movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas, como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.