El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena impuesta a Andrey José Piñarete Galindo, declarado responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tras un mensaje intimidatorio enviado en 2022 al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de Instagram.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal con ponencia del magistrado Ramiro Riaño Riaño, que confirmó el fallo emitido el 22 de julio de 2025 por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La sentencia contempla 75 meses de prisión y el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El alto tribunal rechazó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, por lo que, una vez quede en firme la condena, se ordenará la captura del sentenciado para que cumpla la sanción en un centro carcelario. Lea: Denuncian plan de bandas en Medellín para atentar contra Federico Gutiérrez
El mensaje que motivó el proceso contenía insultos y una amenaza de muerte, en el que se insinuaba disparar en repetidas ocasiones con un arma a Gutiérrez. “Un indumil” y “aproximadamente quince tiros” fueron algunas de las expresiones utilizadas, con la intención de dejarle la cabeza destrozada por metralla. Durante el juicio, el hoy mandatario relató que la violencia del texto le generó intranquilidad y que por esa razón decidió hacerlo público en su cuenta de X.
Pruebas técnicas confirmaron el origen de la amenaza
La investigación fue adelantada por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de analistas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). A través de labores de rastreo digital se estableció que el perfil de Instagram “andreypiñarete” fue el origen del mensaje intimidatorio.
Con autorización judicial, la empresa META entregó la información asociada a la cuenta, que estaba vinculada al correo electrónico ajpinareteg@gmail.com
y a un número telefónico con prefijos de Colombia y España. Las pesquisas también evidenciaron que la dirección IP desde la cual se emitió el mensaje correspondía a una ubicación en España, lugar donde residía Piñarete Galindo para la fecha de los hechos.
La expareja del procesado, Adriana del Pilar Chávez, declaró que en ese periodo él vivía en territorio español y que, después de conocerse la amenaza, procedió a privatizar sus redes sociales. Además, se comprobó que el número telefónico vinculado a la cuenta era el mismo que el acusado entregó a las autoridades durante el proceso judicial.
Tribunal desestimó los argumentos de la defensa
Durante la apelación, la defensa del condenado cuestionó la validez de las pruebas. Alegó que no se conservó el mensaje original bajo cadena de custodia y que lo único conocido fue la publicación replicada por Gutiérrez en otra red social. También sostuvo que en agosto de 2022 el hoy alcalde no era candidato presidencial y, por lo tanto, no debía ser considerado dirigente político.
No obstante, la Sala Penal rechazó esos planteamientos. Para los magistrados, el testimonio de la víctima fue “claro, coherente y creíble”, además de estar respaldado por otras pruebas, como los testimonios de los investigadores del CTI y de la excompañera sentimental del acusado.
El fallo subrayó que, bajo el principio de libertad probatoria, no era necesario contar con la captura de pantalla original, ya que la existencia y el contenido del mensaje se corroboraron con suficientes medios. Asimismo, determinó que Gutiérrez sí tenía la condición de dirigente político, en la medida en que seguía promoviendo las ideas y el movimiento “Creemos” incluso después de las elecciones presidenciales de 2022.
El Tribunal concluyó que el móvil de la amenaza fue político, pues el actual alcalde no mantenía ningún vínculo personal con Piñarete Galindo y sus redes sociales se enfocaban en su rol público. De esta manera, consideró demostrado que “las pruebas apuntan sin hesitación a que fue el procesado quien envió el texto intimidatorio a la víctima” y que su conducta encuadra en el delito de amenazas.