Este lunes, 15 de septiembre, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, ordenó a la Nueva EPS implementar un plan intensivo de reuniones con los prestadores de servicios médicos para legalizar, mediante actas, los pagos ya realizados que aparecen en los registros como “anticipos” sin serlo.
Rubiano explicó que, según la Supersalud, los giros hechos por la entidad corresponden a servicios prestados, pero la EPS no aclaró oportunamente a qué facturas debían imputarse. Esta falta de procedimiento administrativo llevó a que la Contraloría los clasificara como anticipos.
La solución, según Supersalud, será que la EPS y cada prestador acuerden, por escrito, a qué facturas se asignarán los pagos, eliminando así la figura de “falso anticipo”. La gerente interventora, Gloria Polanía, deberá completar estas rondas en pocas semanas. Le puede interesar: Petro acusa a la Nueva EPS de fraude millonario en la salud
La Supersalud también advirtió que las fallas en los sistemas de información de la EPS complicaron el seguimiento y la contabilización de las cuentas médicas. Por ello, durante la intervención se recomendó la implementación de plataformas como Factramed y auditorías médicas más sólidas para garantizar un mejor control financiero.
Nueva EPS: lo que halló la Contraloría General de la Nación
El pasado 9 de septiembre, la Contraloría alertó sobre una grave situación administrativa y financiera en dicha entidad, tras un operativo de policía judicial que recaudó información de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2025, que puso al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.
El ente de control adelantó la actuación en julio de 2025 para obtener información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, y ante la falta de estados financieros certificados de la EPS.
El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
La investigación detectó un crecimiento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representa un aumento del 155%. Le invito a leer: SuperSalud extiende intervención a la Nueva EPS: será por un año más
La situación se agravó durante el primer semestre de 2025, pues a junio de ese año la cifra de anticipos sin legalizar escaló a $15,27 billones, comprometiendo la liquidez de la entidad. De este monto, la Contraloría señaló que hay un riesgo de un posible detrimento patrimonial en anticipos que superan los dos años por un valor de $143 mil millones.
Además, se encontró que, con corte a junio de 2025, aún existía un saldo de $5,7 billones en anticipos de la vigencia 2024 que no habían sido legalizados.
La Contraloría halló un total de 22.737.247 registros de facturas pendientes de trámite por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, una verificación inicial permitió identificar 9.155.060 facturas duplicadas, cuyo valor ascendía a $8,9 billones. Al excluir estas repeticiones, el valor real de las facturas pendientes por procesar es de $13,2 billones.
De este total, el 97% de las obligaciones corresponde a la vigencia 2024 y al primer semestre de 2025, lo que indicó que casi la totalidad de estas cuentas no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.
Esta circunstancia, según el organismo, genera inconsistencias contables y financieras. El análisis también arrojó que el 40% del valor pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, se concentra en solo 36 prestadores de salud de una red de más de 2.700, lo que eleva el riesgo fiscal.
La Contraloría concluyó que la situación de la Nueva EPS evidencia un riesgo de “deterioro progresivo”, a pesar de estar intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que inicie los procedimientos de control fiscal y determine si hay lugar a responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.