El futuro de las finanzas públicas para el año 2026 se definirá en los próximos diez días. El Congreso de la República deberá decidir si aprueba el Presupuesto General de la Nación, estimado en 557 billones de pesos, o si, en caso de no alcanzarse consensos, el presidente Gustavo Petro deberá expedirlo por decreto, como ocurrió en el actual periodo fiscal.
Este lunes venció el plazo para concertar el monto total, pero las diferencias persisten. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había señalado la semana pasada que el Ejecutivo estaba dispuesto a reducir en hasta 10 billones de pesos la cifra inicialmente planteada. El ajuste estaría ligado a la discusión de la ley de financiamiento, que proyecta recaudar 26,3 billones de pesos adicionales. Lea: Gobierno alista otro ‘decretazo’ sobre el Presupuesto 2026
Críticas desde la oposición al manejo del presupuesto
Desde la oposición, la senadora Angélica Lozano advirtió que el trámite será clave porque el gobierno busca, además, obtener facultades especiales para realizar ajustes internos en algunos rubros. “Entre el 15 y el 25 de septiembre debe aprobarse el primer debate el presupuesto. Ya quedó por un monto elevado, inflado de 557 millones y el gobierno quiere una tributaria por 26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella porque afecta a los ciudadanos a los que se les clava más impuestos”, afirmó.
La congresista también expresó reparos frente a las facultades que se pretenden otorgar al Ejecutivo. Según Lozano, “en estos 10 días tenemos que aprobar artículo por artículo y hay unos donde se da facultades al gobierno y al presidente para hacer movimientos a su antojo en algunos rubros, que son unos hoyos negros, unos huecos enormes que se están alimentados con varios billones de pesos y que no se sabe para qué son ni tienen ningún control. Así que de aquí al 25 de septiembre con lupa defendiendo en cada artículo el bolsillo de los colombianos”.
Empresarios advierten sobre efectos económicos
El sector empresarial también ha fijado su postura. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), subrayó la necesidad de que el presupuesto se ajuste a la realidad del país y a la capacidad de los hogares.
“El gobierno tuvo la oportunidad de ajustar el presupuesto general de la nación a un nivel sostenible, que refleje la capacidad de los hogares y empresas colombianas de aportar más recursos al Estado, o de enviar el país a una situación de ‘dictadura fiscal’, insostenible, que apriete más a los colombianos y afecte la competitividad de las empresas y el empleo. ¿Qué escogerá?”, cuestionó.
El siguiente paso será la radicación de la ponencia para el primer debate en el Congreso. Se anticipa que habrá al menos dos documentos: uno respaldado por el gobierno y sus aliados, y otro elaborado por sectores de oposición que pedirán hundir o modificar partidas específicas.