El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el ajuste salarial del próximo año se ubicará muy por encima de las previsiones técnicas, en línea con la política económica que impulsa el presidente Gustavo Petro. La decisión, que ya despierta preocupación en los gremios, se reflejó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado para la vigencia fiscal 2026.
Durante una intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el jefe de la cartera laboral dejó en claro que el Gobierno mantendrá la línea de incrementos significativos que ha caracterizado los últimos años. “El incremento del salario mínimo para 2026 estará de nuevo por encima de las previsiones habituales y que, pese a lo que piensan los empresarios, va a responder a las necesidades de los trabajadores colombianos”, expresó Sanguino. Lea: Aumento del salario mínimo en Colombia traería graves consecuencias: Fenalco
Según información revelada por el medio económico Portafolio, la cifra que el Ejecutivo ya incluyó en el PGN corresponde a un alza del 11%, más del doble de la inflación proyectada para el próximo año, cercana al 5%. Este ajuste impactaría de manera directa a más de tres millones de trabajadores que devengan el salario mínimo actual ($1.423.500) y a quienes tienen ingresos indexados a este valor.
Proceso de concertación y facultades del Ejecutivo
El Gobierno recordó que el incremento debe discutirse en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio en el que participan sindicatos, empresarios y representantes estatales. No obstante, Sanguino recalcó que, de no lograrse un acuerdo, el presidente de la República está habilitado para definir el ajuste mediante decreto.
“Nosotros acabamos de instalar el Comité de Concertación Laboral, la Comisión de Concertación Laboral, con presencia del doctor Bruce MacMaster. Vamos a dar la discusión como lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Y si no llegamos a un consenso y a un acuerdo con las cifras, con las variables macroeconómicas, con el concurso de las reflexiones académicas sobre la materia de los economistas, pues el Gobierno y el presidente tiene la facultad constitucional de decretar el incremento del salario mínimo”, señaló el ministro.
El anuncio oficial no tardó en generar respuestas en el sector privado. Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su presidente, Jaime Cabal, advirtió sobre el impacto que podría tener un ajuste de esta magnitud. “Desde Fenalco advertimos que un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo, sumado a una reforma laboral nefasta e inoportuna, tendría efectos devastadores sobre los precios y la inflación”, escribió en la red social X.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce MacMaster, puso sobre la mesa la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas. El dirigente recordó que el presupuesto nacional para 2026 supera los $557 billones, lo que representa un incremento acumulado del 57% en cuatro años. Según explicó en diálogo con La FM, si el Congreso no define un límite claro, el país podría verse abocado a nuevas reformas tributarias.
MacMaster también criticó la falta de un debate más amplio en torno al salario mínimo. “Aparentemente, el Gobierno no quisiera dar la discusión”, manifestó, al tiempo que advirtió sobre el impacto de la informalidad laboral y la pérdida de empleos formales en pequeñas y medianas empresas.
Argumentos del Ejecutivo
Desde el Ministerio del Trabajo se defendió que la política salarial adoptada durante la actual administración ha permitido mejorar los ingresos reales de los trabajadores, reducir el desempleo y mantener la inflación bajo control. En palabras de Sanguino: “Es decir, que a mejores ingresos de los trabajadores, más crecimiento económico y más generación de nuevos empleos es la doctrina económica que soporta estas decisiones de política pública y estas decisiones de gobierno del presidente de la República”.
El funcionario sostuvo, además, que la Reforma Laboral aprobada por el Congreso ha empezado a mostrar resultados en la calidad de vida de los trabajadores, reforzando la apuesta del Gobierno por combinar incrementos salariales con medidas de protección social.