El sorpresivo anuncio del presidente, Gustavo Petro, sobre un posible regreso de la aspersión aérea con glifosato es una medida inviable por las barreras judiciales existentes y respondería a una estrategia política para influir en la inminente decisión de certificación de la lucha antinarcóticos de Colombia por parte de Estados Unidos, según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Petro advierte: Colombia podría reactivar fumigaciones si EE. UU. endurece política antidrogas
El pronunciamiento del mandatario, realizado en la red social X, condicionó el retorno de la fumigación a que las comunidades cesen las agresiones contra la Fuerza Pública en territorios con cultivos ilícitos, lo que generó desconcierto por contradecir la postura histórica del Gobierno sobre la política de drogas.
Según la FIP, la “única razón posible” detrás del anuncio es la proximidad de la decisión de Estados Unidos de certificar o descertificar a Colombia, un dictamen que se conocerá en menos de una semana. La fundación explicó que, si bien esta evaluación se basa en cifras de erradicación, incautaciones y capturas, al final “es una decisión política”.
El análisis advierte que con la administración de Donald Trump, la decisión podría ser “caprichosa”. Una descertificación podría acarrear sanciones que afecten la cooperación bilateral en seguridad, el acceso a ayudas financieras multilaterales y las inversiones extranjeras. “Nuestra economía y capacidad para reducir, no solo el narcotráfico, sino la presencia y control territorial de los grupos criminales, dependen en gran medida de Estados Unidos”, señaló la FIP.
La FIP recalcó que “ni este ni ningún otro gobierno podrá activar la aspersión aérea”. La principal barrera es la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, que suspendió el programa de fumigación hasta que el Estado demuestre con “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.
Asimismo, calificó de “imposible” cumplir con este requisito, pues no existen evaluaciones concluyentes sobre los efectos específicos de este programa en Colombia.Además, recordó que el gobierno anterior de Iván Duque intentó durante casi toda su administración reactivar el uso del glifosato, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por múltiples acciones de tutela.
La FIP aseguró que las organizaciones de la sociedad civil están preparadas para responder con un “mar de tutelas” que bloquearían cualquier nuevo intento.El análisis subraya que la fumigación ha demostrado no ser una solución efectiva. A pesar de haber asperjado casi dos millones de hectáreas en el pasado, hoy Colombia reporta la cifra más alta de cultivos de coca de su historia.
La fundación enumeró los efectos negativos de esta práctica, como daños al medio ambiente, a la salud y a los derechos humanos, además de un aumento de la conflictividad en los territorios y una “crisis de legitimidad” del Estado que aún persiste.
Finalmente, la FIP instó a los futuros candidatos presidenciales a no “caer en el lugar común de la fumigación” y a diseñar una estrategia integral, al considerar que los cultivos de uso ilícito son el síntoma de un “fracaso del Estado” que no se resuelve únicamente eliminando las plantas de coca.