El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el secuestro de 45 militares que permanecen en poder de una comunidad en zona rural de El Tambo, Cauca. Los uniformados fueron retenidos en medio de una asonada registrada la tarde del domingo en la vereda Los Tigres, cuando un grupo de 72 soldados fue inicialmente privado de la libertad.
Según explicó el jefe de la cartera, en los hechos habrían participado alrededor de 600 personas, en acciones catalogadas como secuestro y obstrucción de la función pública. El ministro responsabilizó a las disidencias del “cártel del narcotráfico de alias Mordisco” de haber promovido esta retención masiva. Lea: Gobierno sanciona a contratista por fallas en helicópteros MI-17
“¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Es un grave delito cometido tanto por las personas que participan directamente en el, como por las disidencias de alias Mordisco que amenazan a la población, lo cual es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y será buscado por toda la justicia internacional”, señaló Sánchez en un comunicado oficial.
Ejército confirma que aún hay 45 soldados en poder de la comunidad
El Ejército precisó que la retención se presentó mientras tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 realizaban operaciones en el marco de la Operación Perseo II, desplegada en el estratégico Cañón del Micay.
De acuerdo con información oficial, en un primer momento fueron privados de la libertad tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados, quienes estaban adelantando labores constitucionales en la zona. Las autoridades castrenses responsabilizaron al grupo armado organizado Carlos Patiño de instrumentalizar a la población civil para impedir las operaciones militares.
Aunque parte de los uniformados fueron liberados tras la mediación inicial, todavía 45 permanecen en poder de la comunidad. Voceros militares aseguraron que se mantienen los canales de diálogo con líderes locales para buscar la pronta liberación de los soldados.
El Ministerio de Defensa informó que avanza en la identificación de los responsables con el fin de individualizarlos y llevarlos ante la justicia. Las autoridades insisten en que la retención de los militares constituye un delito de lesa humanidad y advirtieron que no quedará impune.