Un documento interno del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe de Cajicá, conocido tras una reunión con la Gobernación de Cundinamarca y citado por El Tiempo, da cuenta de las primeras decisiones adoptadas por la rectora Sonia Ochoa el 12 de agosto de 2025, día en que desapareció la estudiante Valeria Afanador.
El acta señala que tanto la rectora como varios docentes del plantel participaron “activamente desde el inicio, revisando y verificando las cámaras de seguridad”. De acuerdo con lo registrado, Ochoa estuvo acompañada en esta labor por la consultora educativa Andrea Inés Medina González y el director de infraestructura Danny Ochoa.
Las grabaciones revisadas mostrarían a la joven recogiendo un balón en el cuarto de deportes, caminando hacia la cancha de vóley, ingresando en varias oportunidades a las eugenias y, finalmente, perdiéndose su rastro a las 10:10 de la mañana. Lea: Colegio admite errores en la tragedia de Valeria Afanador
Sin embargo, la defensa de la familia Afanador rechaza esta versión y sostiene que la institución educativa no actuó con la diligencia requerida. Para el abogado de los padres, Julián Quintana, lo ocurrido con Valeria constituye un homicidio, motivo por el que anunció que solicitará a la Fiscalía imputar a la rectora y a dos profesores del colegio.
Primeras medidas adoptadas en el colegio de Cajicá
Según el documento citado por El Tiempo, tras confirmar la ausencia de la estudiante, la rectora ordenó activar la alarma y con ello el protocolo de evacuación de la institución. Durante el procedimiento, brigadistas hicieron el conteo de alumnos y trabajadores, lo que permitió confirmar oficialmente que Valeria no estaba dentro de las instalaciones.
Después de esa verificación, la rectora se comunicó telefónicamente con la madre de la estudiante, Luisa Cárdenas, para informarle que su hija no aparecía. En esa llamada también señaló que la menor había estado jugando en las eugenias y que la institución se encontraba en proceso de búsqueda. Según el acta, desde ese momento “mantuvo comunicación constante con la familia”.
El documento también expone que Ochoa coordinó acciones con organismos de socorro y autoridades. Desde la institución educativa se habrían hecho llamados al 123, a la Policía Nacional y al cuerpo de Bomberos, lo que facilitó la llegada de entidades como la Alcaldía de Cajicá, el CTI, el Gaula, el ICBF, la Cruz Roja y la Defensa Civil.
De acuerdo con lo reportado por El Tiempo, la rectora permaneció en el colegio durante toda la tarde y noche del 12 de agosto, acompañando las labores de búsqueda junto a docentes, estudiantes, familiares y los equipos de rescate.
Reclamos legales contra la rectora y docentes
A pesar de la versión consignada en el acta, el abogado Julián Quintana afirmó que existen graves irregularidades en el manejo de los hechos. Según dijo, algunos puntos del colegio que podrían ser clave para la investigación habrían sido modificados.
“Pusieron cemento, tierra y rejas nuevas, incluso reconstruyeron un costado con reforzamiento de seguridad. Esto demuestra que el lugar no era seguro”, aseguró el abogado, quien cuestionó que estas intervenciones dificulten la reconstrucción de lo sucedido.
Quintana insistió en que la muerte de Valeria no puede considerarse un accidente y anunció que llevará el caso a instancias judiciales: “Pediremos a la Fiscalía imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad”. Le puede interesar: Revelan chats entre los docentes del colegio el día que desapareció Valeria Afanador
El pasado 3 de septiembre, el jurista difundió un video en su cuenta de X en el que muestra el estado actual de la cerca que limita con el río Frío. Según él, estas modificaciones serían prueba de que el colegio alteró la escena. “El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña”, afirmó.
Por otra parte, como parte de los compromisos asumidos ante el Puesto de Mando Unificado, el colegio incluyó medidas de refuerzo a la seguridad: retiro de la polisombra para mejorar visibilidad, reinstalación de rejas metálicas en áreas vulnerables, ampliación del sistema de cámaras y ajustes en los protocolos de reacción.