La reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo obstáculo jurídico que podría comprometer su permanencia en la Corte Constitucional. La representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, anunció que presentará las acciones legales necesarias para que la ley sea anulada, tras señalar que existe una prueba “contundente” de irregularidades en el trámite legislativo.
De acuerdo con la congresista, un documento expedido por la propia Cámara de Representantes y remitido al alto tribunal revela un vicio en las sesiones extraordinarias de junio, en las que se intentó subsanar errores de procedimiento previamente detectados.
“Le voy a tumbar la reforma pensional a Petro”, aseguró Garrido, quien responsabilizó al Gobierno y a la anterior mesa directiva del Congreso por “saltarse la ley” en su afán de sacar adelante el proyecto.
La controversia por el acta 256
El debate gira en torno al acta 256, correspondiente a la sesión plenaria del 27 de junio de 2025. Según la certificación de la Secretaría General de la Cámara, enviada al magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez el pasado 5 de septiembre, esa acta recibió únicamente 76 votos, cuando el quórum exigido era de 94.
Para la representante Garrido, este resultado tiene consecuencias en cadena. “Como lo ha indicado la misma Corte Constitucional, si no existe un acta, tampoco existe una prueba de la sesión. Si no hubo sesión, la reforma pensional se cae”, explicó. En su criterio, al quedar “inexistente” la plenaria del 27 de junio, también se vería afectada la del día siguiente, ya que en la primera se anunciaron los proyectos que debían debatirse en la segunda.
Corte Constitucional mantiene revisión del caso
El alto tribunal revisa actualmente la Ley 2381 de 2024, nombre oficial de la reforma pensional. La discusión se originó en julio, cuando la Corte detectó un vicio de procedimiento en la aprobación inicial y ordenó repetir la votación en la Cámara de Representantes.
Aunque el Legislativo aseguró haber cumplido la orden, el magistrado Ibáñez consideró que la documentación entregada era insuficiente y pidió 17 pruebas adicionales, entre ellas las actas completas de las sesiones extraordinarias de junio. Al no recibirlas en el plazo inicial, el tribunal concedió tres días más, aclarando que “la carencia de las actas aprobadas y publicadas no puede suplirse de manera ordinaria mediante registros audiovisuales”.
La medida provocó la reacción inmediata del Gobierno. El presidente Petro denunció que se estaba gestando un “golpe de Estado” contra su administración, mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó si el magistrado estaba extralimitando sus funciones. Por su parte, el entonces presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, defendió su gestión al señalar: “Quise pecar por exceso y no por defecto”.
En medio de la incertidumbre, el mandatario anunció el inicio de un bono pensional para adultos mayores de 75 años sin cobertura y advirtió que exigirá a los fondos privados la repatriación de los ahorros de los trabajadores invertidos en el exterior. “Ese dinero regresa y será nuestra reforma pensional, si es que no se quiere acatar la voz y la orden que dio el Congreso”, sentenció Petro.