La bancada de representantes del Partido de la U en la Cámara envió una carta al presidente Gustavo Petro para solicitarle un encuentro en medio de la tensión política que generó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional y la salida de varios ministros del gabinete.
El movimiento del partido busca garantizar su permanencia en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), una de las carteras afectadas tras la decisión del Ejecutivo de pedir la renuncia de Julián Molina, ministro designado en representación de esa colectividad. Lea: Así reaccionó Petro a la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte
La crisis estalló el 3 de septiembre, después de que el Senado eligiera a Camargo con 62 votos, derrotando a la candidata impulsada por el Gobierno, la jurista María Patricia Balanta, quien solo alcanzó 41 apoyos. Durante su discurso en el Congreso, Balanta se defendió de las acusaciones de la oposición que la señalaban como ficha presidencial para la Corte: “Me presento sin alianzas con el partido del Gobierno”.
La reacción del Gobierno tras la derrota en el Senado
El desenlace fue interpretado como un revés político para la Casa de Nariño y derivó en una reacción inmediata. El Ejecutivo pidió la renuncia de tres ministros: Julián Molina (TIC, Partido de la U), Antonio Sanguino (Trabajo, Alianza Verde) y Marcela Morales Rojas (Comercio, Partido Liberal). La medida se justificó en la falta de respaldo de esos partidos a la aspiración de Balanta.
Desde Japón, donde cumplía agenda oficial, Petro no ocultó su molestia por el desenlace en el Senado. En su cuenta en la red social X escribió que a la candidata la excluyeron “la mujer y la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos y sucios”. También advirtió que con esta elección se buscaba “devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto”.
La decisión no se limitó a los ministerios. Según fuentes del Ejecutivo, se extendió a entidades con fuerte representación política de los partidos señalados, entre ellas Servicios Postales Nacionales 4-72, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
La U se divide frente al futuro en el Ejecutivo
En este ambiente, once representantes de la colectividad enviaron una misiva a Petro en la que ratificaron su intención de mantener canales de diálogo. “La Bancada de la Cámara de Representantes del Partido de la U reitera el compromiso que hemos venido cumpliendo con el Gobierno Nacional y nuestra disposición para seguir trabajando en la construcción de consensos que beneficien al país”, señalaron.
Entre los firmantes están Wilmer Carrillo, Teresa Enríquez, Milena Jarapa, Jorge Eliecer Tamayo, José Eliecer Salazar, Jorge Cerchiaro, Hernando Guisa, Diego Caicedo, Ana Rogelio Monsalve, Álvaro Londoño y Ana Paola García. Para varios de ellos, la prioridad es conservar la representación en el Ministerio de las TIC y conocer si el Ejecutivo aceptará nuevos nombres para reemplazar a Molina.
Sin embargo, la iniciativa dejó en evidencia una división interna. Dirigentes como Víctor Manuel Salcedo, Saray Robayo Bechara y Camilo Ávila no suscribieron el documento. Este sector, acompañado de algunos senadores, considera innecesaria la solicitud al presidente y sostiene que “rompió el canal de diálogo con el Legislativo y los maltrata constantemente”.
La elección de Camargo no solo alteró la composición de la Corte Constitucional, también reordenó el mapa de alianzas políticas en el Congreso. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras había advertido a los senadores sobre la trascendencia del nombramiento, señalando que de esa decisión dependía evitar “desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático”.
Mientras tanto, en el Legislativo crece el escepticismo sobre la utilidad de la reunión que La U pidió a Petro. Varios parlamentarios consideran que, pese a los acercamientos, el partido se alineará en contra de la próxima reforma tributaria que prepara el Gobierno, postura que el propio mandatario tendría ya clara.