La Red de Veedurías de Colombia denunció este sábado que delincuentes informáticos lograron tomar control de la cuenta de WhatsApp del abogado Pablo Bustos, presidente de la organización y representante de víctimas dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En un comunicado público, la Red advirtió que el número de Bustos, identificado como 313 291 5925, quedó bajo el poder de los atacantes, quienes podrían estar utilizando la aplicación para cometer fraudes o suplantaciones. Ante ello, la organización pidió a la ciudadanía abstenerse de responder mensajes, llamadas o solicitudes que provengan de esa línea. Lea: Pliego de cargos por violar libre competencia en contratos de la UNGRD
“Alertamos a la ciudadanía para que se abstenga de atender mensajes o solicitudes provenientes del número mencionado”, advirtió la Red de Veedurías, que también calificó lo ocurrido como un “grave ciberataque” dirigido a obstaculizar la labor de control ciudadano en casos de corrupción.
Red de Veedurías pide investigación inmediata
La organización señaló que aún se está evaluando si los delincuentes lograron acceder a otras cuentas o dispositivos de Bustos. Al mismo tiempo, exigió a las autoridades judiciales y de ciberseguridad emprender una investigación exhaustiva para dar con los responsables.
De acuerdo con la Red, este hecho no solo pone en riesgo la seguridad personal del abogado, sino que también representa un ataque a la confianza pública en los procesos de denuncia y veeduría. “Ha denunciado públicamente a un sin número de funcionarios y delincuentes”, recordó la entidad, al destacar el papel de Bustos en la representación de víctimas del llamado caso UNGRD.
El propio comunicado insiste en que la labor de la organización no se detendrá pese a este episodio. “No lograrán que cesemos en la lucha contra la corrupción, el flagelo más grave del país que hemos confrontado desde hace más de tres décadas”, puntualizó el documento.
Escándalo UNGRD: uno de los mayores casos de corrupción
El contexto del ataque está ligado a la investigación por la compra de 40 carrotanques con sobrecostos millonarios destinados a abastecer de agua a comunidades en La Guajira. Ese proceso, que derivó en múltiples indagaciones penales y disciplinarias, reveló un entramado de pagos irregulares y presuntos sobornos a congresistas para garantizar la aprobación de proyectos legislativos.
Los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han señalado ante la justicia cómo se desviaron recursos públicos en beneficio de altos funcionarios, ex ministros y parlamentarios. Entre los mencionados figuran los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
Las declaraciones de los exfuncionarios, quienes buscan beneficios judiciales a cambio de colaboración con la Fiscalía, han permitido destapar nuevas aristas de uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años en Colombia. En medio de este proceso, la labor de la Red de Veedurías y de Bustos ha sido la de representar a las víctimas y exigir que los responsables enfrenten a la justicia.