La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que inició una investigación administrativa por presuntas violaciones al régimen de libre competencia en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio del escándalo de corrupción que compromete a la entidad.
De acuerdo con el organismo de control, se detectaron posibles maniobras ilegales en seis procesos contractuales adelantados entre 2023 y 2024, cuyo valor superó los 86.000 millones de pesos y que estaban destinados a atender emergencias en comunidades vulnerables.
Según la investigación, el esquema habría operado a través de una coordinación indebida entre funcionarios de la UNGRD y el oferente que terminó favorecido en dichos procesos. Lea: Sneyder Pinilla declara en la Corte contra seis congresistas por UNGRD
Contratos con sobrecostos y coordinación indebida
La SIC señaló que varias compañías participaron en la red bajo el liderazgo de Luis Eduardo López Rosero, contratista vinculado a la operación de corrupción. Estas empresas, de manera concertada, presentaron ofertas infladas con sobrecostos significativos. Con esos recursos se habrían financiado pagos irregulares a los servidores y contratistas de la entidad.
Dentro de los señalados figuran Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quienes en ese momento se desempeñaban como director y subdirector de la UNGRD.
El organismo advirtió que, de comprobarse la existencia del mecanismo diseñado para vulnerar la libre competencia, los implicados enfrentarían sanciones económicas que podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos mensuales, equivalentes a más de 142.000 millones de pesos.
Las actuaciones de la SIC se suman a las indagaciones que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia sobre este mismo entramado de corrupción, lo que refuerza el cerco judicial en torno a los presuntos responsables.
Con esta decisión, la Superintendencia busca esclarecer si se utilizó la contratación pública como instrumento para favorecer intereses particulares en detrimento del mercado y de los recursos destinados a la atención de emergencias.