El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, destacó que la misión del alto tribunal es velar por el cumplimiento del modelo de economía social de mercado consagrado en la Constitución, con el fin de que este se traduzca en beneficios reales para los diferentes sectores productivos y en la garantía de los derechos sociales, culturales y ambientales de los colombianos.
El magistrado intervino durante el Congreso Nacional de Exportadores, donde recordó que la Carta Política no se limita a regular el orden territorial ni los derechos fundamentales, sino que también establece un eje central en materia económica. Según explicó, ese componente se materializa en un modelo mixto que combina la iniciativa privada con la intervención del Estado. Foto: El impacto de Russell Bedford en la economía colombiana y latinoamericana
En palabras de Ibáñez, la Constitución “contempla un eje axial que es el modelo económico”, definido como una “economía social de mercado” que se desarrolla dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.
Corte Constitucional y defensa de la economía mixta
El presidente de la Corte precisó que, así como existen disposiciones sociales y ambientales en la Carta, también se encuentra una dimensión económica que debe ser protegida. En esa tarea, el tribunal tiene la responsabilidad de garantizar que la economía mixta funcione de manera equilibrada, permitiendo la participación de los particulares sin desconocer la labor del Estado en materia de producción, distribución de bienes, inspección y control.
Ibáñez subrayó que el cumplimiento de este modelo tiene una relación directa con la materialización de los derechos ciudadanos. “La realización de esos derechos económicos que a su turno permiten la realización de los derechos sociales, ambientales y culturales”, afirmó.
Durante su intervención, el magistrado insistió en que la actividad exportadora constituye un factor esencial para el desarrollo del país. En ese sentido, sostuvo que se trata de una tarea colectiva y no de un asunto que deba quedar limitado a un sector específico de la economía.
“La defensa del comercio exterior, vuelvo a repetir, no es un asunto sectorial, es una tarea completa de la nación. En ella se juega la superación de la pobreza, la reducción de las brechas sociales, la posibilidad de que cada colombiano acceda a un futuro más próspero y más digno”, puntualizó.
El presidente de la Corte también hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad y la justicia, resaltando que el compromiso democrático es clave para consolidar un país más equitativo. En sus palabras, Colombia debe proyectarse internacionalmente con instituciones sólidas y con la convicción de que el comercio exterior “siempre será instrumento de equidad, bienestar y dignidad”.
Finalmente, invitó a los asistentes a ratificar su confianza en la democracia constitucional y en la justicia, asegurando que el país debe ser “tierra de oportunidades y no de arbitrariedades, de derechos garantizados y no de privilegios”.