El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió una directiva en la que advierte a los servidores públicos y a los particulares con funciones administrativas sobre las limitaciones que deberán observar en materia de participación política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La disposición, identificada como Directiva 013 del 28 de agosto de 2025, está orientada a garantizar transparencia en los comicios para el Congreso, previstos para el 8 de marzo de 2026, y en las votaciones para Presidente y Vicepresidente, programadas para el 31 de mayo del mismo año, incluyendo la eventual segunda vuelta el 21 de junio. Lea: Así puedes cambiar tu puesto de votación para las elecciones del 2026
El jefe del Ministerio Público subrayó la importancia de acogerse al marco normativo vigente ante la ausencia de una ley estatutaria que regule de forma específica este tipo de conductas. Según señaló, se debe acudir a la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina en vigor para prevenir irregularidades que puedan comprometer la legitimidad del proceso electoral.
Restricciones para los servidores públicos en campaña
El documento enumera una serie de comportamientos prohibidos para evitar que los funcionarios interfieran de manera indebida en la contienda política. Entre las principales restricciones están utilizar el cargo para favorecer a partidos o candidatos, presionar a subalternos o ciudadanos para apoyar una campaña, y emplear bienes o recursos estatales en actividades de proselitismo.
Así mismo, la directiva ordena abstenerse de difundir propaganda electoral desde el ejercicio del cargo, manipular información reservada con fines políticos, autorizar el uso de inmuebles públicos en campañas, o realizar aportes económicos a partidos, salvo en el caso de los miembros de corporaciones públicas, quienes pueden hacerlo de manera voluntaria.
Otro punto señalado corresponde a la prohibición de ofrecer beneficios o favores a comunidades mediante obras o decisiones administrativas con el objetivo de incidir en el voto. También se establece que el tiempo laboral no puede destinarse a actividades electorales y que los recursos estatales solo podrán usarse en los espacios permitidos por el Fondo Nacional de Financiación Política.
Marco legal y sanciones previstas
La Procuraduría fundamenta estas disposiciones en normas como el artículo 127 de la Constitución, la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005), el Código Penal y el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Este último tipifica como falta gravísima “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas”.
De acuerdo con la Ley de Garantías, el incumplimiento de las restricciones conlleva sanciones disciplinarias, cuya gravedad dependerá de la conducta cometida.
Finalmente, Eljach Pacheco invitó a los ciudadanos a ejercer control social sobre el actuar de los funcionarios y recordó que las denuncias pueden presentarse a través de la sede electrónica de la Procuraduría o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales en el país, siempre acompañadas de las pruebas correspondientes.