La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, a quien señala de estar vinculada a un esquema de corrupción en el que se habrían cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
De acuerdo con el expediente, Ortiz habría recibido en octubre de 2023 grandes sumas de dinero en efectivo por parte de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla. Lea: Sneyder Pinilla declara en la Corte contra seis congresistas por UNGRD
La primera entrega, según la investigación, se realizó en un apartamento en el centro de Bogotá, donde presuntamente recibió una maleta con $1.500 millones, los cuales trasladó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregarlos al entonces presidente del Senado, Iván Name. Al día siguiente, en el mismo lugar, Pinilla le habría entregado otro monto idéntico, también transportado por la exfuncionaria hacia el punto señalado por Name.
Las pesquisas de la Fiscalía sostienen que Ortiz conocía plenamente que estos recursos provenían de la Ungrd y estaban destinados al pago de sobornos para direccionar la compra de 40 carrotanques que debían ser enviados a La Guajira para el suministro de agua potable.
La red de corrupción en la Ungrd y los demás implicados
En el proceso también enfrentan cargos los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados de liderar la estructura ilícita dentro de la Ungrd. Ambos adelantan actualmente negociaciones con el ente investigador para obtener beneficios judiciales a cambio de colaboración.
El expediente incluye, además, a empresarios como Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien habría tejido una red de más de 30 compañías usadas en la adjudicación irregular de contratos.
El 18 de diciembre de 2024, un juez de la República ordenó la detención preventiva de Sandra Ortiz en una guarnición militar, medida que sigue vigente mientras se desarrolla el juicio en su contra. Para la Fiscalía, la exconsejera representa un eslabón clave dentro del engranaje de corrupción que golpeó a la Ungrd y cuyo alcance todavía está en proceso de esclarecimiento judicial.