La Corte Suprema de Justicia deberá decidir en los próximos días si el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa en libertad o si se reactiva la orden de captura en su contra.
La Sala de Casación Penal estudia la tutela que le permitió salir de la detención domiciliaria, tutela que fue presentada por la defensa del expresidente y que ahora está en manos del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, ponente del caso, junto a los magistrados Myriam Ávila Roldán y Gerson Chaverra.
El alto tribunal tiene un plazo máximo de 20 días para resolver si mantiene, modifica o revoca el fallo del Tribunal Superior de Bogotá del 19 de agosto, que cuestionó la medida de detención.
La Corte Suprema de Justicia decidirá qué pasará con Álvaro Uribe
Según el abogado penalista Francisco Bernate, el debate jurídico se centra en determinar si el Tribunal actuó correctamente al conceder la tutela que suspendió la captura del exmandatario. Le puede interesar: Álvaro Uribe renuncia al beneficio de prescripción del proceso en su contra
“El dilema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia es si el Tribunal acertó al conceder esta tutela a través de la cual se decidió que el expresidente Uribe pudiera continuar en libertad”, explicó Bernate.
El abogado considera que la Corte probablemente ratifique la decisión, dado que Uribe ha comparecido al proceso y la jurisprudencia respalda la libertad mientras no exista condena en firme. No obstante, advierte que si la Corte revoca la tutela, la orden de captura quedaría vigente de inmediato, lo que implicaría la reclusión del expresidente.
“Si la Corte decide revocar la tutela, de inmediato se hace efectiva la orden de captura que se profirió por parte de la jueza 44 penal del Circuito y con ello el expresidente continúa detenido de manera inmediata. Si es a la inversa, la libertad de Uribe queda absolutamente blindada hasta tanto no se desate definitivamente la actuación”, señaló Bernate.
Álvaro Uribe renunció al beneficio de prescripción de su caso
Mientras la Corte define su libertad inmediata, otro elemento jurídico ronda el caso: la prescripción de la acción penal, que podría ocurrir en menos de dos meses. El expresidente Uribe envió una carta al Tribunal Superior de Bogotá anunciando su intención de renunciar a ese beneficio.
Sin embargo, expertos señalan que para que dicha renuncia sea válida, el fenómeno ya debe haberse configurado, es decir, el plazo legal debe estar vencido. La manifestación debe ser expresa y ante la autoridad competente, condiciones que, por ahora, no se cumplen en su totalidad.