El debate en torno al nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia continúa abierto, mientras el Gobierno no ha logrado concretar la prórroga con Thomas Greg, compañía que ha manejado durante años la impresión de las libretas.
Pese a que desde el 11 de agosto está habilitada la figura de urgencia manifiesta para mantener el servicio hasta el 30 de abril de 2026, el acuerdo aún no ha sido firmado, lo que prolonga la incertidumbre sobre el futuro de este proceso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que la urgencia manifiesta busca garantizar la producción y distribución de pasaportes mientras avanza la transición hacia un nuevo esquema en el que participarán la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Sin embargo, no se conocen fechas ni detalles claros sobre cuándo estas entidades asumirán la responsabilidad plena de la fabricación. Lea: Gobierno declara urgencia manifiesta y firma contrato de pasaportes hasta 2026
La canciller, Yolanda Villavicencio, señaló que el proceso contractual avanza, aunque evitó entregar información específica sobre el estado de las negociaciones. “Estamos en el proceso. Lo informaremos ampliamente una vez esté ya todo firmado, tramitado y con la transparencia que siempre hemos tenido”, afirmó al responder sobre la prórroga pendiente.
Cancillería descarta riesgo de crisis en expedición de pasaportes
Ante los cuestionamientos sobre una posible falta de libretas, Villavicencio descartó cualquier escenario de desabastecimiento. “No ha habido, no hay y no habrá crisis de pasaportes”, aseguró. También recordó que “tenemos un número de pasaportes no recogidos”, lo que, según la ministra, permite atender la demanda mientras se concreta la nueva contratación.
El tema ha atravesado varios despachos en el Gobierno. El jefe de gabinete de la Presidencia, Alfredo Saade, así como los excancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, han tenido que lidiar con la transición sin lograr resultados concluyentes.
La apuesta del presidente Gustavo Petro sigue siendo que la expedición de pasaportes deje de depender de empresas privadas y se consolide como una función exclusiva del Estado.