Un comité ciudadano liderado por el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, con el respaldo del movimiento Salvación Nacional, presentó ante la Registraduría un referendo con 18 preguntas que buscan tumbar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Farc. La Corte Constitucional será la encargada de determinar su viabilidad jurídica.
“La Registraduría Nacional, en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, procedió a efectuar el registro del mencionado comité promotor”, expresó la entidad en un comunicado publicado en su portal web.
Esta decisión ubica en el centro del debate la competencia exclusiva de la Corte Constitucional para definir la viabilidad jurídica del referendo que busca tumbar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como la denominada “Paz Total”. Lee también: Ley de paz total: ¿por qué el ELN rechaza iniciativa del Gobierno Petro?
Las 18 preguntas del referendo contra los acuerdos de paz
El comité ciudadano formuló 18 preguntas - las dejaremos aquí, en un término fácil de digerir - con las que busca derogar los principales actos legislativos y leyes derivados de los acuerdos de paz impulsados durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos:
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2016 que creó las bases legales para implementar el Acuerdo de Paz?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2017 que creó normas transitorias en la Constitución para aplicar el Acuerdo de Paz?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2017 que dio estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo de Paz?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2017 que permitió la reincorporación política de excombatientes?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2017 que modificó el artículo 361 de la Constitución sobre regalías?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2017 que buscaba asegurar el monopolio de las armas en manos del Estado?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2019 que modificó las funciones del Congreso sobre temas de seguridad?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2019 que cambió el régimen de regalías y compensaciones?
- ¿Está de acuerdo con eliminar el Acto Legislativo de 2021 que creó 16 curules de paz en la Cámara de Representantes?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2016 que prorrogó facultades al Gobierno en temas de orden público?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2016 que creó amnistías, indultos y beneficios penales para excombatientes?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2017 que modificó el reglamento del Congreso para implementar el Acuerdo de Paz?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2017 que dio un régimen especial a la Unidad Nacional de Protección?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2017 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2018 que dio estabilidad jurídica al Acuerdo de Paz?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2018 que estableció reglas para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley Estatutaria de 2019 que regula la JEP?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la Ley de 2022 que prorrogó la Ley de Orden Público, creó el Servicio Social para la Paz y definió la política de paz del Estado?
El papel de la Registraduría y la Corte Constitucional
En su comunicado, la Registraduría enfatizó que el registro del comité promotor no implica una decisión sobre la constitucionalidad del referendo propuesto. Según la entidad, hay cuatro aspectos clave que deberán ser analizados por la Corte Constitucional:
- Si el Acuerdo de Paz es o no una norma jurídica susceptible de derogatoria.
- Los alcances del artículo 377 de la Constitución y la procedencia de un referendo derogatorio sobre materias constitucionales distintas a las previstas en esa norma.
- La pertinencia de acumular actos legislativos y leyes en una misma votación.
- La vigencia de las normas objeto de revocatoria.
Por su parte, el comité promotor dispone de un plazo de seis meses para recolectar los apoyos ciudadanos requeridos, equivalentes al 5% del censo nacional electoral, lo que representa 2.057.394 firmas, sin embargo, en últimas, será la Corte Constitucional la que defina si el referendo puede o no avanzar en su trámite.