El Gobierno de Gustavo Petro arrancó oficialmente la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 en el Congreso, con una cifra que ya genera controversia: $556,9 billones. En la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el plan fiscal dependerá en buena medida de una nueva reforma tributaria que busca recaudar $26,3 billones.
El funcionario aseguró que este será el ajuste más ambicioso de los últimos años y que sus ejes estarán orientados a ampliar la progresividad tributaria, fortalecer impuestos ya existentes y revisar beneficios que, según él, favorecen a los sectores de mayores ingresos. Lea: Petro insistirá en subir impuestos con nueva reforma tributaria
Ávila explicó que entre las medidas se encuentra el aumento de gravámenes al consumo de licores y tabaco, justificado en las “externalidades negativas” que producen estos bienes. También advirtió que se revisarán las exenciones del IVA, aunque insistió en que la canasta familiar no será objeto de modificaciones directas.
¿Qué contempla la tributaria de 2025?
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la reforma incluiría un mayor peso tributario para personas y empresas con altos ingresos, así como ajustes en el impuesto al patrimonio. En la agenda también figuran incrementos en el impuesto al carbono, al consumo y en los denominados “impuestos saludables”.
El objetivo, según la cartera, es redistribuir la carga fiscal hacia los bienes de lujo y el capital, protegiendo en teoría a los hogares de ingresos bajos y medios. Sin embargo, en el Congreso ya se anticipa una dura discusión sobre el impacto de la reforma en el costo de vida y en la competitividad empresarial.
Críticas de la oposición al presupuesto 2026
Las bancadas de oposición han expresado su rechazo al presupuesto y a la dependencia del nuevo paquete tributario. Christian Munir Garcés, representante del Centro Democrático, propuso un recorte de $39 billones, argumentando que el proyecto prioriza los gastos de funcionamiento ($365,7 billones) y el pago de la deuda ($102,4 billones), mientras que la inversión queda rezagada con $88,7 billones. “Hay que hacer una disminución del monto (...) no permitamos un presupuesto irresponsable”, señaló.
En la misma línea, Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático, cuestionó la solidez de los ingresos proyectados. Según dijo, tanto la Contraloría como el Comité de Regla Fiscal estiman un desfinanciamiento superior a los $34 billones. Además, advirtió que la revisión del IVA podría encarecer productos para los consumidores si algunos bienes exentos pasan a ser excluidos.
El panorama se tensionó aún más tras la decisión de Cambio Radical de no asistir a la reunión convocada por el Gobierno en la Casa de Nariño para discutir el presupuesto. En un comunicado, la colectividad calificó la propuesta como una “burla”, al considerarla “desfinanciada y atada a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada”.
El calendario legislativo fija el 20 de octubre como la fecha límite para la aprobación definitiva del presupuesto. Hasta entonces, el Gobierno deberá sortear una fuerte oposición en el Congreso y defender tanto su plan de gasto como la reforma tributaria que lo acompaña.