En las últimas horas, fuentes de la Cancillería de Colombia confirmaron que el Gobierno de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González.
Así lo informó Blu Radio en una de sus publicaciones, en la cual se detalló que al igual, Nicaragua le habría dado asilo al exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.
Es importante precisar que González salió de Colombia y desde el pasado 5 de noviembre de 2024 permanece prófugo de la justicia colombiana en Nicaragua. Lea aquí: “Yo no entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ presa”: presidente Petro
De acuerdo con los informes oficiales, la Embajada de Colombia en la capital nicaragüense, Managua, desde el pasado mes de mayo de 2025 se solicitó la renovación de ese permiso, pese a que el Carlos Ramón González ya había sido imputado por la Fiscalía tras su presunta participación en el entramado de corrupción al interior de la Ungrd.
Lo que dice el documento emitido por el Gobierno de Nicaragua
Semana tuvo acceso a ese documento que emitió el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Al respecto se hace del conocimiento que Carlos Ramón González Merchán, de conformidad con la resolución ministerial 001-2025 de este ministerio, le fue otorgado asilo político con base a la Constitución política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, se lee ese documento.
“Asimismo, es aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala en su Artículo 20, numeral 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”, citó el Gobierno de Nicaragua en la misiva.
Y agregó: “De igual manera, el numeral 8 del artículo antes citado expresa que “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
Investigan apoyo de funcionarios para residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por establecer del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante las sospechas de que habrían facilitado la obtención de residencia en Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas se activaron tras denuncias publicadas en medios de comunicación, que apuntaban a la estadía del exfuncionario en territorio nicaragüense. El organismo busca esclarecer cómo obtuvo cédula de residencia y autorización de ingreso a ese país, así como determinar si utilizó un vehículo y la vivienda oficial de la Embajada de Colombia en Managua.
Como parte de la investigación, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una inspección disciplinaria a Migración Colombia, así como la revisión de los procedimientos tramitados por la Cancillería o la embajada relacionados con estos documentos.
La Fiscalía General formalizó el 6 de agosto la solicitud de circular roja contra González, luego de que un juez ordenara su captura. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que en la UNGRD operó una “organización criminal” que aprovechó declaratorias de desastre nacional para direccionar contratos a cambio de sobornos.
Según el ente acusador, González, en su cargo como director del Dapre, habría instruido al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para entregar coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de asegurar respaldo a proyectos del Gobierno.
Las investigaciones apuntan a pagos de $3.000 millones a Name a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y de $1.000 millones a Calle. López declaró que González le indicó que “tenía que cumplir con unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara: $60 mil millones a Name y un poco más de $10 mil millones a Calle en contratos”.
El caso tomó fuerza cuando se reveló una carta, fechada el 21 de mayo de 2025, en la que la Embajada de Colombia en Managua solicitaba al gobierno de Daniel Ortega la renovación de la residencia de González, quien, según el texto, se encontraba en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024.
La Cancillería aclaró que esa nota verbal “no fue consultada ni autorizada por este Ministerio” y que habría sido elaborada por un encargado de negocios de forma unilateral. La entonces canciller Laura Sarabia también se distanció del asunto, afirmando: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, que inicialmente negó participación del Ejecutivo, manifestó después: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.
El exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, reconoció su amistad con el exfuncionario, pero aseguró: “Carlos Ramón es un amigo, no negaré a un amigo. En ese momento él no tenía ninguna restricción. (...) pero yo no lo ayudé a que se escapara”.