El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, abrir la licitación del Canal 1, pese a que la concesión actual fue otorgada en 2017 con una vigencia que se extiende hasta 2037.
La instrucción, emitida durante un consejo de ministros el pasado viernes en la noche, encendió un debate político y jurídico que enfrenta al Gobierno con empresarios, periodistas y defensores de la libertad de prensa.
La decisión fue catalogada como un acto arbitrario y un riesgo para la democracia. Directivos del canal señalaron que lo anunciado por el mandatario es una forma de “expropiación” y un ataque a la pluralidad informativa en el país. Lea: Petro nombra a Charlotte Schneider como viceministra para la Mujer
Reacciones de Canal 1 y sectores de medios
Entre las voces más críticas está la de Avendaño, directivo del canal, quien advirtió que “este es un atentado contra los derechos humanos. Lastimosamente, hemos buscado infructuosamente, en muchas oportunidades al presidente Petro sin que nos haya atendido. No sabemos qué es lo que está buscando”.
El canal recordó que la concesión fue adjudicada con todas las garantías legales y que el contrato se encuentra vigente. “Hemos cumplido con todos los requisitos de ley para estar al aire y se equivocan atacando un medio cuya bandera ha sido siempre la libertad, la independencia, la pluralidad informativa de forma transparente, rigurosa, sin sesgos, que le da voz a diferentes corrientes de pensamiento del país”, agregó Avendaño.
El presidente, sin embargo, argumentó que su administración debe ser “constructor de comunicación social” y sugirió que en el canal existen “irregularidades”. Desde mayo de este año, el Ministerio de las TIC adelanta una investigación sobre presuntos incumplimientos relacionados con cambios en la composición accionaria de Plural Comunicaciones, que según la entidad no fueron reportados en el Registro Único de Operadores. La empresa ha rechazado esas acusaciones y asegura que no existe ningún incumplimiento contractual.
Acusaciones de “matoneo” y advertencias jurídicas
Avendaño respondió a los señalamientos indicando que “frente al matoneo jurídico que estamos recibiendo tendremos que defendernos. Estamos sorprendidos de que el asunto sea tan enfocado directamente con el canal”. Recordó además que la Superintendencia de Sociedades concluyó que la venta de acciones no requiere autorización previa y que los cambios no significan cesión de la concesión.
La controversia se suma a choques previos entre el Gobierno y el Canal 1. En octubre de 2024, el presidente cuestionó un acuerdo de comercialización e intercambio de contenidos con el Grupo Prisa, al que señaló como una amenaza laboral y de concentración mediática. Plural Comunicaciones respondió en su momento que se trataba de un convenio permitido por la concesión.
El periodista Luis Carlos Vélez calificó la medida como “un ataque contra la libertad de expresión y la empresa privada”, mientras que Jaime Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que representa “un atentado directo contra la democracia”, al desconocer derechos adquiridos amparados por la Constitución.
En la misma línea, el abogado y periodista Melquisedec Torres sostuvo que es “muy grave” que se ordene una licitación “sin razón legal” cuando la actual concesión se encuentra vigente hasta 2037.
Un pulso que pone en juego la televisión abierta
El debate trasciende el ámbito jurídico y toca directamente a la audiencia. Según cifras del sector, alrededor de 19 millones de colombianos consumen televisión abierta, que cubre cerca del 95 % de los hogares del país como servicio público de gestión privada. Para Canal 1, lo que está en riesgo no solo es un contrato, sino el acceso de los televidentes a una programación informativa y de entretenimiento gratuita y diversa.
“Hace que se intimiden más medios sobre la posibilidad de ejercer su labor simplemente por una decisión que, además, creemos que proviene no de los intereses específicos del presidente de la República, sino de algunos grupos de interés que nos han manifestado en el pasado públicamente que se quieren quedar con el medio”, expresó Avendaño, señalando a competidores como Tercer Canal y Programar Televisión.
El directivo reiteró que el canal llega mensualmente a 13 millones de personas, suma más de 15 millones de seguidores en redes sociales y ha recibido reconocimientos nacionales por su labor periodística. Invitó además al jefe de Estado a conocer el trabajo que realizan.
“Aprovecho para decirle al presidente que venga y nos visite al Canal 1, que conozca a nuestros periodistas, que conozca a nuestros productores, que conozca lo que hacemos en un medio absolutamente independiente, libre, que no está atado a ninguna agenda política editorial otra que defender y representar los intereses de la gente”.
La última palabra la tendrá el Ministerio de las TIC, que deberá definir si inicia un proceso de licitación.