El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que el Gobierno presentó de manera oficial ante la Fiscalía General de la Nación la solicitud para dar inicio al proceso de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición se apoya en el tratado de extradición vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en Managua en 1929. Según informó la cartera de Justicia, tanto ese ministerio como el de Relaciones Exteriores acompañarán el trámite una vez la Fiscalía emita la documentación correspondiente. Lea: Investigan apoyo de funcionarios para residencia de González en Nicaragua
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que los primeros pasos del procedimiento ya fueron activados, respuesta que fue recibida con satisfacción por parte del Ministerio de Justicia, que reiteró su compromiso frente a los procesos judiciales contra la corrupción.
Procuraduría indaga a funcionarios de la Cancillería
De manera paralela al anuncio de extradición, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores facilitaron la obtención de residencia en Nicaragua a González, pese a tener circular roja de Interpol desde el 6 de agosto, cuando un juez ordenó su captura.
Las pesquisas buscan establecer cómo se gestionó la cédula de residencia y el permiso de ingreso otorgados por el gobierno de Daniel Ortega, así como el presunto uso de un vehículo y la vivienda oficial de la Embajada de Colombia en Managua.
El proceso disciplinario incluyó una inspección a Migración Colombia y a los trámites adelantados por la Cancillería. El caso tomó más relevancia luego de conocerse una carta fechada el 21 de mayo de 2025, enviada desde la Embajada de Colombia, en la que se pedía renovar la residencia de González.
Según el documento, el exfuncionario permanecía en Nicaragua desde noviembre de 2024. La Cancillería, sin embargo, aclaró que la nota verbal “no fue consultada ni autorizada por este Ministerio” y que fue elaborada por un encargado de negocios sin coordinación.