Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de partido Centro Democrático, falleció este lunes 11 de agosto, como consecuencia del atentado que sufrió el pasado sábado 7 de junio del 2025, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá), a manos de un menor de 15 años.
Tras el suceso, Uribe Turbay fue internado en la Fundación Santa Fe, donde fue sometido de emergencia a procedimientos neuroquirúrgicos y en el muslo izquierdo. Tras la operación, el político fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos para su estabilización postoperatoria. Lea aquí: Video: Así fue el traslado del cuerpo de Miguel Uribe hasta Medicina Legal
Tras permanecer en estado crítico durante varios días, Miguel Uribe perdió la batalla por su vida en la madrugada de este lunes. Su esposa, familiares y políticos lloran su partida.
Cabe recordar que mientras el precandidato presidencial permanecía internado, ya había iniciado el proceso contra el menor de edad implicado en el ataque, quien accedió a colaborar con la justicia colombiana a cambio de beneficios.
Esto es lo que sigue para el presunto sicario de Miguel Uribe
Mucho se ha hablado sobre la situación jurídica del sicario que atentó contra Miguel Uribe, especialmente porque se trata de un menor de edad. El Universal habló con Enrique Del Río González, abogado penalista, quien explicó que, conforme a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), en Colombia, “los menores de edad no son sancionados con penas como los adultos, sino con medidas pedagógicas y restaurativas”. Le puede interesar: Gustavo Petro: “Nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros”
En la primera audiencia, realizada el pasado 10 de junio, el joven de 15 años rechazó los cargos que le imputaron —tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas— a pesar de su gravedad. Sin embargo, su negativa obedeció a una estrategia jurídica en la que el colaboraría con la Fiscalía General de la Nación bajo un principio de oportunidad, según información de Semana.
Durante dicha diligencia se planteó la posibilidad de que el joven aporte información clave sobre el caso a cambio de una rebaja de pena, así como protección para él y su núcleo familiar, ante posibles represalias en su contra.
En ese sentido, el joven fue trasladado ese mismo día al búnker de la fiscalía, tras la decisión de un juez penal para adolescentes de imponerle la medida de internamiento preventivo en centro especializado. Lea: Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial baleado en Bogotá
La medida que recibió el menor, de acuerdo con el abogado penalista, es aplicada a adolescentes entre 14 y 18 años que son hallados como “responsables de delitos graves como homicidio doloso, secuestro, extorsión o delitos agravados contra la libertad e integridad sexual” y la duración de esta puede oscilar “entre dos y ocho años, y su cumplimiento debe hacerse en su totalidad según lo determine el juez”.
Hasta esa fecha, se esperaba que siguiera el curso del proceso por el atentado contra el precandidato presidencial con una audiencia de formulación de acusación, en la que el joven aceptaría los cargos, tras asegurar que colaborará con las autoridades a cambio de una rebaja de pena.
Menor que le disparó a Miguel Uribe aceptó los cargos
Dos meses después del atentado, el miércoles 6 de agosto, Alias ‘Tianz’, el menor sicario que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, durante la audiencia de acusación.
En ese momento, Noticias RCN informó que el joven de 15 años sería condenado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, el próximo 27 de agosto del presente año.
Alias ‘Tianz’ aceptó su culpabilidad ante un juez de la República.
Con la noticia de la muerte del político de 39 años, el caso tomaría otro rumbo, debido a que, según Enrique Del Río, sería necesario “adicionar la imputación o modificar la acusación incluyendo el nuevo desenlace de los hechos”.
Es importante mencionar que si se tienen registros de que el menor ha estado implicado en procesos anteriores, “estos registros podrán influir en la determinación de la medida más adecuada, siempre bajo criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad”, concluyó el abogado.