Un grupo de exmandatarios latinoamericanos y europeos, identificados con sectores políticos de derecha y conservadores, solicitó a organismos internacionales de derechos humanos intervenir en el proceso penal que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
La petición fue formalizada a través de una carta enviada a entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que denuncian presuntas vulneraciones al debido proceso.
El documento fue dirigido a Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como a otros altos funcionarios internacionales. En la misiva, los firmantes expresaron su preocupación por lo que consideran irregularidades dentro del proceso judicial contra el exmandatario, recientemente condenado a 12 años de prisión en un fallo de primera instancia. Lea: Gustavo Petro se pronuncia tras condena a Álvaro Uribe Vélez
Entre los líderes firmantes se encuentran Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Felipe Calderón (México), José María Aznar (España), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Mireya Moscoso (Panamá), entre otros. Todos ellos coincidieron en solicitar “que se protejan los derechos al debido proceso y a una defensa justa del exmandatario”.
Exmandatarios cuestionan pruebas, filtraciones y actuación de la Fiscalía
La carta detalla varios aspectos que, a juicio de los firmantes, comprometen la integridad del proceso judicial. Entre ellos mencionan interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas, filtración de piezas procesales a los medios de comunicación y la utilización de testimonios “cuestionados” como parte de las pruebas contra Uribe. También critican la actuación de la Fiscalía General de la Nación, que —según el documento— cambió de posición en dos ocasiones, pasando de solicitar la preclusión por falta de pruebas a presentar una acusación formal “sin un fundamento sólido”.
Los firmantes calificaron el caso como un “precedente nefasto” para los derechos fundamentales en Colombia y exigieron a la comunidad internacional que se activen mecanismos de observación internacional. Además, solicitaron que se formulen recomendaciones urgentes al Estado colombiano y se le exija entregar información precisa sobre los estándares judiciales aplicados en el proceso.
La sentencia contra Álvaro Uribe fue leída este viernes por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lo declaró culpable de tres conductas de soborno en actuación penal y dos de fraude procesal. Fue absuelto del delito de soborno simple.
Como parte del fallo, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria de cumplimiento inmediato, se le impuso una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le inhabilitó para ejercer funciones públicas durante aproximadamente ocho años.
Los expresidentes advierten que el caso podría tener implicaciones más amplias sobre el funcionamiento del Estado de derecho en Colombia y aseguran que seguirán atentos a la evolución del proceso en las instancias nacionales e internacionales.