La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien ocupa el cargo de canciller encargada, por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia para la producción de pasaportes.
También están siendo investigadas Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores. El convenio fue suscrito el pasado 18 de julio de 2025 a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería. Lea: Prorrogan contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons hasta 2026
Según el organismo de control, el acuerdo no habría cumplido con los principios de planeación y economía establecidos en la normativa de contratación estatal. La Procuraduría identificó que no existen estudios previos ni documentos que respalden la legalidad del convenio, lo que representaría una omisión grave en el proceso.
Además, el Ministerio Público señaló que no se conoce el acto administrativo mediante el cual se delegó en la secretaria general (e) la facultad para suscribir el acuerdo con la Imprenta Nacional.
El futuro del pasaporte en vilo ante vencimiento de contrato actual
El caso se desarrolla en un contexto complejo, ya que el contrato vigente con Thomas Greg & Sons finalizará el próximo 31 de agosto. El gobierno ha impulsado un nuevo modelo que contempla a la Imprenta Nacional como responsable de la expedición de pasaportes, con apoyo técnico de Portugal. No obstante, la falta de claridad en la implementación ha generado dudas sobre la viabilidad del plan.
La Procuraduría había advertido con anterioridad sobre los posibles efectos de esta transición. Entre los aspectos críticos, alertó sobre el tiempo requerido para la adecuación técnica y operativa, así como sobre el riesgo de que el país enfrente un desabastecimiento de pasaportes en el corto plazo.
En su comunicado más reciente, la entidad enfatizó que “las irregularidades apuntan a posibles omisiones por parte de los funcionarios encargados”, lo cual podría haber afectado el cumplimiento de los principios que regulan la contratación pública y la función administrativa.
El organismo también ha cuestionado si la Imprenta Nacional cuenta realmente con la infraestructura y recursos necesarios para asumir la producción de pasaportes a partir de septiembre. Aunque el gobierno sostiene que la transición está en marcha, aún no se han presentado evidencias concluyentes que respalden esta afirmación.
La investigación seguirá su curso para determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas disciplinarias y si las decisiones adoptadas comprometen la continuidad en la expedición de pasaportes.
La Procuraduría anunció que continuará vigilando el desarrollo del proceso y tomará las medidas que considere pertinentes.