Parece que la controversia por el caso EPS Sanitas no cesa. Este miércoles, el Gobierno de Gustavo Petro solicitó la nulidad de la sentencia que anuló la intervención estatal a esa Entidad Promotora de Salud.
Es importante precisar que esa medida que tomó en su momento la Superintendencia Nacional de Salud, la cual se había implementado debido a la crisis financiera de la entidad.
En su solicitud, el Ejecutivo también pidió una aclaración sobre el fallo emitido por la Corte Constitucional, que devolvió el control de la EPS al grupo Keralty, propietario de la entidad. Lea: Radican ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación 2026
La cronología del caso EPS Sanitas
La intervención, que había sido ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, fue revocada por la Corte Constitucional el pasado 27 de junio, al considerar que se había vulnerado el derecho al debido proceso de la compañía y de su representante legal, Juan Pablo Rueda Sánchez. La Corte destacó la ilegalidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia que permitieron la toma de posesión de la EPS, las cuales fueron anuladas por la sentencia SU-277 de 2025.
El alto tribunal anuló, entre otras, la Resolución No. 2024160000003002-6 de 2024, que ordenó la toma de posesión de los bienes de la EPS, y la Resolución No. 2025320030001947-6, que extendió dicha intervención. La Corte destacó que la intervención administrativa debería haber sido precedida de un proceso de seguimiento adecuado, en lugar de una toma de decisiones que afectó la autonomía empresarial y los derechos de los involucrados.
El Gobierno, por su parte, argumentó que la intervención fue una medida necesaria para evitar el colapso del sistema de salud. Desde la administración, se enfatizó que la falta de recursos y la deuda acumulada de la EPS afectaban la atención a los afiliados y la operatividad de los servicios médicos. En contraste, los representantes de Keralty celebraron la revocatoria del fallo, y aseguraron que la intervención del Gobierno fue ilegal y perjudicial para los pacientes y usuarios de la entidad. Le puede interesar: Alerta en Colombia por peligroso producto que promete la reducción de várices
La solicitud del Gobierno Petro a la Corte
El Ejecutivo solicitó que la Corte aclare las implicaciones del fallo en términos de la futura gestión financiera de la EPS Sanitas, así como en relación con la viabilidad del sistema de salud. En su petición, el Gobierno destacó que la intervención fue parte de una estrategia para sanear financieramente el sistema y garantizar la continuidad de los servicios médicos.
Desde Keralty, se insistió en que la intervención resultó en un daño irreversible para la EPS, con un incremento significativo de quejas y tutelas por parte de los usuarios debido a la disminución de la calidad en la atención. Juan David Rivero, abogado de la empresa, afirmó que la intervención fue “arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”, y subrayó que la compañía está dispuesta a continuar con las acciones legales para buscar un resarcimiento por los daños causados.
El presidente, Gustavo Petro, por su parte, reiteró su postura sobre la reforma del sistema de salud, señalando que la intervención de EPS como Sanitas busca corregir las fallas estructurales del sistema, que considera insostenible. Petro advirtió que el sistema actual “devora el erario” y que la solución es un modelo de salud sin intermediarios privados como las EPS, en el que el Estado pague directamente por los servicios de salud.
El Gobierno ahora espera que la Corte aclare si la decisión de revocar la intervención afectará de manera directa el futuro de la política de salud pública y las medidas de saneamiento financiero para las entidades del sector.
Procuraduría supervisa operación de la EPS Sanitas
Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación continúa supervisando las condiciones de operación de la EPS Sanitas, tras el aumento de quejas y tutelas que se registraron después de la intervención. El Ministerio Público sigue trabajando en la recopilación de información para evaluar el impacto de la intervención estatal en la calidad de los servicios de salud, con especial énfasis en la atención a los pacientes.