Un grupo de exintegrantes del gabinete del expresidente Iván Duque expresó públicamente su respaldo a Álvaro Uribe Vélez, luego de que la juez Sandra Liliana Heredia lo hallara responsable de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. En un comunicado, los exfuncionarios reiteraron su confianza en la inocencia del exmandatario y aseguraron que el proceso aún no ha concluido.
Según el pronunciamiento, la condena en primera instancia no implica la pérdida de la presunción de inocencia. “La presunción de inocencia del expresidente continúa intacta y será reafirmada en la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá”, se lee en el texto firmado por varios exministros y exdirectores de entidades del Ejecutivo durante el mandato de Duque Márquez. Lea: Álvaro Uribe, culpable: Fiscalía pide hasta 18 años de prisión y la defensa apelará
El mensaje fue firmado por figuras como Alicia Arango, Diego Molano, Diego Mesa, Fernando Ruiz, Gloria María Borrero, José Manuel Restrepo, Víctor Muñoz y Alejandra Botero, entre otros. En su declaración, los firmantes insistieron en que su posición no desconoce la autoridad de la justicia, pero sí llama la atención sobre la necesidad de un sistema judicial imparcial.
Señalan preocupación por garantías procesales en el caso
Los exfuncionarios destacaron el papel que ha tenido Uribe en la vida pública del país y subrayaron que su trayectoria merece una evaluación justa dentro del marco legal. “El expresidente Uribe ha sido un referente para millones de colombianos, por su compromiso con el país, su cercanía con la ciudadanía y su defensa de la legalidad. Nuestra posición, lejos de desconocer la legitimidad del poder judicial, busca reivindicar la importancia de la justicia objetiva, transparente y libre de presiones externas”, manifestaron.

Además, en el mismo comunicado señalaron que “reiteramos nuestro compromiso con el Estado Social de Derecho, la independencia de las ramas del poder público y el debido proceso como pilares fundamentales de nuestra democracia. Sin embargo, también consideramos que el respeto por estos principios implica la posibilidad de analizar y cuestionar, dentro de los canales institucionales y democráticos, aquellas decisiones judiciales que, por su naturaleza, impacto o circunstancias, puedan generar preocupación sobre la integridad de las garantías procesales y la recta aplicación del derecho”.
Este respaldo llega luego de conocerse la pena que se impondrá al exmandatario, cuya audiencia de individualización de la sentencia está programada para el próximo viernes. La Fiscalía solicitó una condena que podría alcanzar los 18 años de prisión, al considerar la gravedad de los delitos por los cuales fue hallado culpable.