El nombre de Diego Cadena Ramírez, otrora abogado de confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha vuelto a ocupar el centro del debate público y judicial en Colombia. Mientras se conoció este lunes el sentido del fallo en el juicio contra Uribe, que fue declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, Cadena enfrenta su propia batalla legal por los mismo cargos.
Según la Fiscalía General de la Nación, Cadena no solo fue un abogado defensor, sino también un operador clave en una estrategia dirigida a modificar declaraciones judiciales de exparamilitares.
Las pruebas en su contra incluyen visitas a cárceles, grabaciones clandestinas, interceptaciones telefónicas y presuntas transferencias de dinero a familiares de testigos. Todo esto, enmarcado en una campaña para obtener versiones favorables a Uribe o lograr retractaciones que lo desvincularan del paramilitarismo. Lea: Esto es lo que sigue en el caso de Álvaro Uribe tras ser declarado culpable
Uno de los elementos más comprometedores es una grabación realizada por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve con un reloj espía durante una visita de Cadena a la cárcel La Picota. Esta prueba fue avalada como legal por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien además aceptó como válidas las interceptaciones de llamadas entre Cadena y Uribe.
Las sanciones contra Diego Cadena
En paralelo, Diego Cadena ha sido sancionado disciplinariamente y no puede ejercer como abogado: fue suspendido por 34 meses en el Valle del Cauca y por tres años en Bogotá, decisiones ratificadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. A pesar de ello, recientes denuncias de los abogados Miguel Ángel del Río, Reinaldo Villalba y del senador Iván Cepeda lo acusan de seguir ejerciendo de forma irregular, supuestamente ofreciendo beneficios a presos a cambio de testimonios falsos contra sus críticos.
La defensa de Cadena, liderada por el abogado Iván Cancino, asegura que su cliente nunca intentó manipular testigos, sino que actuó motivado por lo que denominan un “síndrome del salvador”. Los pagos a reclusos y sus familias, según esta versión, eran ayudas humanitarias sin ninguna intención delictiva. Lea también: Condenan a Álvaro Uribe: así reaccionan los partidos y líderes
Juicio contra Cadena en etapa final
El juicio contra Cadena ha llegado a su etapa final. El fiscal del caso, Daniel Hernández, ya ha solicitado un fallo condenatorio, argumentando que el abogado actuó de forma premeditada y con el objetivo de alterar el curso de investigaciones judiciales en beneficio del expresidente Uribe.
Cadena, quien se autodenominó en alguna ocasión como “abogángster”, ya que, representó a capos como alias ‘Don Diego’, ‘Otoniel’ o ‘Chupeta’, y por su experticia en casos de extradición internacional, ha sido una figura central en la transformación de una denuncia inicial contra el senador Iván Cepeda —impulsada por Uribe— en un proceso judicial que terminó devolviéndose contra el expresidente. Su papel es clave no solo en lo legal, sino también en lo simbólico, como representación de los métodos que rodearon la defensa de Uribe y la eventual caída del líder político, tras ser declarado culpable.
El fiscal del caso, Daniel Hernández, expuso ante el Juzgado Tercero Penal de Conocimiento de Bogotá que existen pruebas suficientes para condenarlos por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Durante su intervención, Hernández relató que en julio de 2017, Cadena visitó sin previo aviso al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca. Allí, según el fiscal, le ofreció 200 millones de pesos y asesoría jurídica para que modificara su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia. Le puede interesar: Apoyo a Álvaro Uribe desde EE. UU. en juicio por manipulación de testigos
Vélez terminó enviando dos cartas en las que se retractaba, pero solo recibió 36 millones de pesos, según afirmó Hernández. “La entrega se hizo en efectivo a sus familiares fuera de la cárcel. No es una cifra irrisoria”, señaló el fiscal, quien agregó que la promesa incumplida provocó molestias en Vélez, quien luego intensificó sus exigencias.
En febrero de 2018, según la Fiscalía, Cadena se reunió con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá. El objetivo, afirmó Hernández, era lograr que se retractara de las declaraciones que vinculaban a Uribe con el paramilitarismo.
Cadena habría ofrecido asistencia jurídica, una acción de revisión de su condena y trámites para incorporarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El fiscal presentó grabaciones hechas por Monsalve con un reloj espía, en las que se registraron los ofrecimientos y conversaciones con Enrique Pardo Hasche “en compañía de Diego Cadena”.
“Tras revisar los audios era evidente que se le estaba poniendo de presente faltar a la verdad. En ningún momento se escucha al doctor Cadena reprender los ofrecimientos de su interlocutor”, concluyó Hernández.
El fiscal relató que Cadena también intentó convencer a Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, para que se retractara. El encuentro ocurrió en un establecimiento comercial del centro de Bogotá y fue grabado por Gómez, quien rechazó la propuesta.
Según Hernández, Cadena insistía en que estaba cerca de conseguir la retractación, pese a que tanto Monsalve como Gómez negaron esa posibilidad. “Decía que lo había escuchado llorar y que estaba arrepentido. En ninguna prueba se escucha a Monsalve llorar”, indicó el fiscal.
Carlos Enrique Vélez también habría propuesto un grupo de falsos testigos, entre ellos Eurídice Cortés (alias Diana), Fauner Barahona, Jhon Jaime Cárdenas (alias Fosforito) y Darley Guzmán (alias ‘Jopra’). Todos, según la Fiscalía, fueron contactados por los abogados Cadena y Salazar.
Hernández afirmó que Cárdenas negó conocer a Vélez, mientras que Cortés se reunió con los abogados en Manizales y les advirtió tener precaución con alias “Víctor”. También indicó que Salazar se reunió con Barahona y que ‘Jopra’ rechazó cualquier contacto vinculado con Vélez.
Los abogados se han declarado inocentes. La Fiscalía sostiene que, además de las presiones, los acusados enviaron documentos que buscaban inducir en error a la Corte Suprema. “El objetivo era fabricar un escenario judicial favorable a Uribe”, aseguró Hernández.
Aunque en los últimos años Uribe ha intentado marcar distancia de su exabogado, alegando desconocimiento de sus métodos, la evidencia legal ha sostenido la existencia de una conexión directa entre ambos. La justicia determinará si esa relación fue meramente profesional o si existió una responsabilidad compartida en el entramado de manipulaciones que hoy se juzgan.
La decisión final sobre el caso de Diego Cadena se conocerá en las próximas semanas, mientras el país sigue atento a uno de los procesos judiciales más trascendentales en la historia reciente de Colombia contra el expresidente Uribe, el cual sabrá el 1 de agosto la condena tras ser declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.