El tema de la producción y expedición de pasaportes sigue dando de que hablar en Colombia. En las últimas horas, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta de control interno dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia, advirtiendo que persisten riesgos en la elaboración de pasaportes, a pesar del convenio interadministrativo suscrito el pasado 18 de julio para implementar un nuevo modelo de servicio.
Para el ente de control, aún no existe claridad sobre los aliados estratégicos que acompañarán la ejecución del modelo, ni sobre la modalidad de selección de dichos aliados, pese a que la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron el Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. 007 de 2025 y el Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025. Lea: Procuraduría lanza alerta: quedan menos de 300 mil pasaportes en Colombia
Fecha límite y riesgo de continuidad del servicio
De acuerdo con lo pactado, el nuevo modelo de pasaportes deberá estar en funcionamiento a más tardar el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, el actual contrato de prestación del servicio de expedición y personalización de libretas vence el 31 de agosto de 2025, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio público esencial.
“La Imprenta Nacional, como ejecutora del nuevo modelo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, como responsable de la expedición de los documentos, aún no han suscrito contratos que garanticen la prestación continua del servicio, lo que podría derivar en graves implicaciones sociales”, adviertió la Contraloría en un comunicado.
Llamado a acciones preventivas
En comunicación dirigida a los jefes de control interno de ambas entidades, el contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, enfatizó que existe un “latente riesgo de incumplimiento” frente a lo estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5 del artículo 25 del Decreto 869 de 2016.
La Contraloría alertó que, de no adoptarse medidas extraordinarias, podría verse afectado el derecho a la libertad de locomoción consagrado en la Constitución de 1991, ya que este depende de la adecuada prestación del servicio de expedición de pasaportes y documentos de viaje.
La entidad de control llamó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a adoptar acciones inmediatas para mitigar el riesgo identificado y asegurar que el servicio no se vea interrumpido, evitando así afectaciones a los ciudadanos.