El Consejo de Estado decidió suspender temporalmente la investigación por pérdida de investidura contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, debido a su actual estado de salud. La decisión fue adoptada luego de que el alto tribunal solicitara a la Fundación Santa Fe de Bogotá un informe médico que certificara la condición en la que se encuentra el congresista, tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio.
La demanda en cuestión fue interpuesta por Carlos Alberto Sánchez Grass, representante de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y vocero del Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía (Sinsergen).
En el documento, se argumenta que Uribe habría incurrido en “actos proselitistas y de precampaña” fuera del periodo electoral autorizado, y que esa exposición pública derivó en el ataque que lo dejó gravemente herido. Lea: Así cayó el sexto implicado en el atentado a Miguel Uribe: esto lo delató
Aunque la demanda fue inadmitida inicialmente por errores en su radicación, estos fueron corregidos y el caso entró nuevamente en trámite. En desarrollo del proceso, el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez consideró pertinente requerir al centro médico donde se encuentra hospitalizado el senador, con el fin de verificar su estado clínico.
La Fundación Santa Fe respondió al requerimiento del alto tribunal con la historia clínica de Uribe Turbay, en la que se confirma la gravedad de su situación. Ante ese panorama, según El Tiempo, el magistrado a cargo resolvió suspender la actuación judicial hasta que el senador esté en condiciones de ejercer su derecho a la defensa.
Proceso queda en pausa hasta que el senador pueda defenderse
“El senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1º de la Constitución Política por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades (...) y su acto de imprudencia generó consecuencias de ataque a su propia humanidad, pero que no lo exime de su responsabilidad así sea un legislador de la cámara alta del senado de la República de Colombia”, señala la demanda.
El demandante cuestiona que, al momento del atentado, Miguel Uribe participara en una reunión política que, según la acción jurídica, fue organizada fuera de los tiempos permitidos por el calendario electoral. Para Sánchez Grass, ese encuentro debe calificarse como un “acto ilícito”, ya que no estaba autorizado legalmente en ese momento del proceso electoral.
“Expuso su vida, lo que derivó en que fuera atacado con un arma por parte de un menor de edad (sic)”, se lee en el documento radicado ante el Consejo de Estado.