Una reciente investigación adelantada por el Ministerio del Trabajo a la cadena de supermercados Tiendas D1 ha encendido un intenso debate sobre el alcance y las implicaciones de las inspecciones del Gobierno a empresas privadas, especialmente a una de las que más empleos genera en Colombia.
Según los hallazgos presentados por el Ministerio, la investigación incluyó la revisión de 263 tiendas y seis centros de distribución en diferentes regiones del país. La inspección reveló presuntas irregularidades en materia laboral, entre ellas extensas jornadas de trabajo con apenas 30 minutos de descanso, pagos omitidos de horas extras, sobrecargas en las funciones asignadas, casos de acoso laboral y omisión en el reporte de accidentes durante la jornada. Lea: Presunto abuso laboral en D1: la compañía responde a señalamientos de Mintrabajo
“Se trató de una inspección integral enfocada en salud, seguridad en el trabajo, cumplimiento de normas laborales y derechos fundamentales de los empleados”, indicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al dar a conocer los resultados de la investigación.
El proceso incluyó entrevistas a trabajadores, verificación en sitio de las condiciones de operación, así como una revisión exhaustiva de documentos relacionados con la relación laboral en esta empresa que emplea actualmente a más de 25.000 personas.
¿Inspección necesaria o exceso en el control estatal?
Como resultado de la inspección, el Ministerio solicitó a Tiendas D1 realizar una serie de ajustes para garantizar los derechos laborales de sus empleados. Entre las recomendaciones están: asegurar el derecho a la asociación sindical, fortalecer los comités internos de salud y seguridad en el trabajo, adecuar la infraestructura de los puntos de venta, reconocer y pagar las horas extra cuando corresponda, y mejorar las condiciones de trabajo de conductores y personal logístico.
También se pidió la intervención urgente de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para evaluar riesgos físicos y psicosociales a los que estarían expuestos los empleados.
En respuesta, Tiendas D1 expresó que ha cooperado con la investigación y destacó que se trató de “un ejercicio de control sin precedentes por parte del Ministerio en la historia reciente del país”.
No obstante, el seguimiento minucioso que ha hecho el Ministerio ha generado preocupación en algunos sectores empresariales y expertos en derecho laboral, quienes advierten sobre un posible enfoque punitivo que podría ahuyentar la generación de empleo en el país.
“Cualquier persona natural o jurídica puede cometer errores, y esa propensión a cometer errores es más significativa en una empresa que tiene más de 25.000 trabajadores. No es que sea aceptable, pero es normal que con tanta presencia nacional, algunos errores se puedan cometer, y que haya decisiones que pueda que no obedezcan a la directriz de la compañía”, explicó Camilo Cuervo, abogado laboralista y socio en la oficina de Bogotá de Holland & Knight.
El jurista hizo énfasis en la necesidad de que las sanciones se impongan con criterio técnico, sin caer en lo que él considera una posible estigmatización del empresariado. “Aquí hay un sesgo político evidente, aquí hay una persecución evidente, y obviamente el Ministerio está en todo su derecho de vigilar y controlar pero no para destruir, sino para tratar de mejorar y para garantizar los derechos de los trabajadores. Nunca antes en la historia de Colombia se había visto una investigación tan exhaustiva, tan profunda y con tanto sesgo”, afirmó Cuervo.
Multas millonarias o clausura, entre los posibles escenarios
Desde la academia también se han emitido advertencias sobre la forma como se adelantan este tipo de procesos. Diego Valdivieso, profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, recalcó que la labor de vigilancia debe estar libre de intereses políticos.
“La Función de Inspección, vigilancia y control, no puede ser utilizada como instrumento de política pública, pues la finalidad de la misma obliga a que el procedimiento investigativo deba estar dotado de las garantías de imparcialidad, pues se trata de determinar el cumplimiento de la norma laboral, aspecto que pasa por un análisis fundamentalmente técnico”, afirmó.
El profesor recordó que, dependiendo de lo que se concluya en la etapa sancionatoria, las consecuencias para D1 podrían incluir multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales o incluso la clausura temporal de establecimientos.