La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que en las próximas horas serán imputados penalmente un total de 11.477 contribuyentes por presuntamente no haber realizado el pago correspondiente a la Retención en la Fuente, Impuesto sobre las Ventas (IVA) o Impuesto Nacional al Consumo (INC).
Según la institución, los recursos no consignados por esta situación alcanzan los $697.000 millones. Lea:Nequi negocios, la nueva aplicación que pondrá un datáfono en tu bolsillo
DIAN inicia proceso contra 11.000 por no pagar IVA y retenciones
Pese a que sus casos ya cursaban procesos de cobro coactivo, estas personas omitieron la citación hecha en desarrollo de la Jornada Nacional de Cobro adelantada por la DIAN en junio pasado, en conjunto con la Fiscalía. La jornada representaba la última oportunidad para extinguir la acción penal mediante el pago total de la deuda y los intereses respectivos.
“Es lamentable que más de 11 mil personas hayan dejado pasar esta posibilidad, el proceso penal continuará sin suspensión y sin posibilidad de beneficios judiciales adicionales. Ante esta situación, la DIAN debe actuar con firmeza para defender el principio de justicia fiscal”, afirmó Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.
“Los agentes retenedores deben tener claro que los impuestos recaudados no son de libre disposición, apropiarse de ellos o no trasladarlos al Estado constituye una conducta penalmente sancionable; por ello nuestro mensaje es claro: quienes incumplen sus obligaciones, enfrentan consecuencias”, añadió LlinásPor otro lado, la DIAN aseguró que continuará adelantando jornadas de cobro a morosos de forma continua y serán reforzadas con más tecnología y un mayor despliegue operativo.
Dichas jornadas de cobro dejarán de concentrarse en una sola semana cada mes y se desarrollarán de forma intensiva y permanente.
Entre las acciones previstas para julio se destacan: 11.000 visitas a contribuyentes con una cartera objetivo-cercana a los $1,3 billones; 6.140 medidas cautelares, incluyendo embargos de bienes, cuentas, facturas y acciones por un valor estimado de $1,2 billones; y el envío de insumos a la Unidad Penal para denunciar obligaciones por un total de $185.000 millones ante la Fiscalía