El próximo 22 de julio, la Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez el principio de oportunidad acordado con María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el que esta se compromete a colaborar con la justicia y a declarar en contra del exministro Ricardo Bonilla y 28 congresistas.
Según informó la revista Semana, la lista de congresistas salpicados incluye 19 representantes a la Cámara y 9 senadores.
Entre los primeros están Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez Nieto, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Wilmer Jair Castellanos Hernández, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero Rivera, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Viviana Aristizábal Saleg, Kelyn Johanna González Duarte, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Wilmer Yesid Guerrero Avendaño. Lea: Ratifican detención de Iván Name y Andrés Calle por caso Ungrd
Por el lado del Senado, aparecen los nombres de Juan Diego Echavarría Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Efraín José Cepeda Sarabia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Maya, José Alfredo Gnecco Zuleta, Liliana Esther Bitar Castilla y Karina Espinosa Oliver.
Principio de oportunidad a María Alejandra Benavides Soto
El principio de oportunidad surge luego de que Benavides fuera imputada por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con la Fiscalía, la exfuncionaria habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos públicos que suman cerca de 92.000 millones de pesos, adjudicados en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). El objetivo, según el ente investigador, era utilizar estos contratos como instrumento para incidir en la votación favorable de varios legisladores a solicitudes de crédito presentadas por el Ejecutivo.
En particular, se señala que congresistas como Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, además del exrepresentante Juan Diego Muñoz, habrían respaldado operaciones de crédito público en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de beneficios relacionados con contratos de la Ungrd.
Benavides Soto, quien estuvo vinculada al viceministerio general del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024, dejó su cargo luego de que se conocieran posibles anomalías en el manejo de los recursos asignados a esa entidad. Según revelaciones de medios nacionales, jugó un papel fundamental en la elaboración de los presupuestos que hoy están bajo la lupa de las autoridades.