La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, criticó duramente la asignación de recursos al programa ‘Jóvenes en Paz’, al considerar que el Gobierno ha priorizado una estrategia sin resultados claros en materia de seguridad por encima de la financiación de la educación superior en Colombia.
De acuerdo con documentos oficiales que obtuvo por medio de derechos de petición, hasta el 31 de mayo de 2025 el programa ha transferido $60.581 millones a 14.870 beneficiarios, entre los que se cuentan 4.365 menores de edad entre los 14 y 17 años, así como 232 ciudadanos extranjeros. A juicio de la congresista, esta distribución de recursos es preocupante por la falta de evidencia sobre el impacto positivo del proyecto en la reducción de la criminalidad juvenil. Lea: Créditos 100% condonables de Icetex beneficiarán a este grupo de personas
Además, reveló que entre agosto de 2024 y abril de 2025 se han destinado $137.000 millones al funcionamiento del programa. De ese total, explicó Cabal, $91.000 millones corresponden a gastos de personal, mientras que más de $33.000 millones ya fueron ejecutados.
Gobierno destinó más recursos a Jóvenes en Paz que al Icetex
La senadora comparó estos datos con el presupuesto del Icetex, que para 2024 debía recibir $432.000 millones, frente a los $566.000 millones que le fueron asignados al programa ‘Jóvenes en Paz’. “Este cambio en la distribución del presupuesto refleja las prioridades del Gobierno, que optó por ‘pagar por no matar’ en lugar de financiar a estudiantes universitarios”, declaró Cabal.
La parlamentaria también señaló que el proyecto no ha mostrado resultados efectivos en términos de seguridad. Como ejemplo, mencionó el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe, en el que uno de los presuntos implicados era beneficiario del programa y, según la denuncia, continuó delinquiendo pese a recibir los apoyos del Estado.
Cabal concluyó que los dineros invertidos en este programa podrían haber sido destinados a financiar créditos educativos para más de 200.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad. En su opinión, esa alternativa sería una estrategia más sostenible y transformadora frente al modelo social que actualmente impulsa el Ejecutivo.