La violencia sexual contra las niñas indígenas vuelve a estremecer al país. En Cota, Cundinamarca, una menor de apenas 11 años perteneciente a una comunidad indígena fue víctima de un presunto abuso sexual que hoy la tiene enfrentando un embarazo de aproximadamente siete semanas.
El señalado agresor es un voluntario de la Defensa Civil Colombiana, ya capturado por las autoridades y suspendido provisionalmente de sus funciones.
La víctima fue identificada por su institución educativa como posible sobreviviente de violencia sexual, lo que activó de inmediato la “ruta blanca” de atención, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia. A partir de allí se puso en marcha una investigación penal que derivó en la captura del presunto agresor, quien se desempeñaba como coordinador operativo del organismo de socorro. Lea también:Usuarios se pronuncian tras derogación del régimen tarifario de la Costa
La Dirección General de la Defensa Civil confirmó la apertura de una investigación disciplinaria por una falta gravísima, conforme al artículo 30 de la Resolución 000292 de 2024.
Indignación por presunto abuso de coordinador que dejaría embarazada a niña indígena
La Seccional Cundinamarca de la entidad lidera el proceso interno, que se lleva a cabo respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Sin embargo, ante la gravedad de lo denunciado y para prevenir mayores riesgos, se ordenó la suspensión provisional del voluntario.
“La institución educativa hizo lo que correspondía: activó los protocolos, reportó el caso, y con el acompañamiento de las autoridades se pudo iniciar una investigación que hoy permite proteger a la menor”, explicó una fuente cercana al proceso.
La Fiscalía, por su parte, presentó pruebas que respaldan la acusación y avanza en la investigación judicial. Uno de los aspectos que también se indaga es si la madre de la menor podría tener algún grado de implicación en los hechos.
El secretario de Gobierno de Cota, Daniel Manchola, manifestó su rechazo enfático: “Rechazamos contundentemente cualquier acto violento en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio. Es lamentable que estos hechos que enlutan de algún modo a la población se generen”.
Este caso pone en evidencia las múltiples violencias estructurales que enfrentan las niñas y mujeres indígenas en Colombia: pobreza, discriminación, y un acceso limitado a servicios de protección. La víctima, además de pertenecer a una población históricamente marginada, era una menor de edad, lo que agrava aún más la situación y plantea serios desafíos para la prevención y atención efectiva de estos delitos.