La situación financiera y operativa de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno sigue siendo crítica, según reveló la Contraloría General de la República en su más reciente informe con corte al 31 de diciembre de 2024.
El documento expone una serie de deficiencias estructurales que ponen en jaque tanto la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) como el acceso de millones de colombianos a los servicios médicos.
El ente de control asegura que persiste “una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos”. Lea: Corte Constitucional suspende intervención del Gobierno Petro a la EPS Sanitas
Entre las principales alertas se encuentra una deuda acumulada de $32,9 billones que las EPS mantienen con clínicas, hospitales, laboratorios y otros prestadores de servicios. Esta cifra, según la Contraloría, pone en evidencia “una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema”.
Solo seis EPS cumplen requisitos financieros clave
Actualmente, apenas seis EPS en el país cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera que exige la normativa: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. A esto se suma un panorama preocupante para 16 EPS que enfrentan serios problemas de liquidez, lo cual afecta su capacidad de responder a obligaciones inmediatas.
En el caso particular de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el diagnóstico es aún más delicado. “Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente”, advirtió la Contraloría.
Uno de los puntos más sensibles identificados en el informe es la deuda con operadores farmacéuticos, la cual asciende a $2,8 billones. Esta situación ha generado retrasos en la entrega de medicamentos, convirtiéndose en la principal causa de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) por parte de los usuarios.
La Nueva EPS, la más grande del país con más de 11,5 millones de afiliados, también fue objeto de observaciones por parte del ente de control. La Contraloría señaló que esta entidad no ha entregado estados financieros certificados correspondientes a 2023 y 2024. Además, sostuvo que “su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”.
En cuanto al comportamiento de las PQR, el informe revela que estas aumentaron un 23,2% en el último año, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. El 91% de estos reclamos están relacionados con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS fue responsable del 22% del total.
Finalmente, se registraron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios en 2024, un incremento del 35% frente al año anterior, lo cual refuerza el diagnóstico de una crisis que continúa agravándose, pese a las medidas de intervención.