Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas: cinco integrantes del Ejército Nacional y tres civiles, por la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en la localidad de Calamar, en el selvático departamento del Guaviare, donde esta semana fue hallada una fosa común con ocho líderes sociales asesinados.
Según las autoridades, el artefacto explosivo estaba instalado en una motocicleta que presuntos guerrilleros detonaron a la distancia.
La onda expansiva de la bomba, que explotó cerca de un parque infantil, alcanzó a los civiles y soldados que patrullaban en el sector. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, informaron medios locales.
La explosión ocasionó además daños graves en un restaurante, donde las mesas y las puertas quedaron destruidas, así como la fachada de un hotel cercano. Lea: 9 regiones en alerta máxima por posibles ataques armados del ELN
“Mientras el departamento del Guaviare conmemora hoy sus 34 años de creación con un evento en su capital, San José del Guaviare, hemos recibido con suma preocupación el reporte de un nuevo hecho violento ocurrido en el municipio de Calamar”, detalló en un comunicado la Defensoría del Pueblo.
“Una motobomba detonó en pleno casco urbano, dejando como saldo ocho personas heridas: cinco integrantes del Ejército Nacional y tres civiles. Este atentado se suma al ocurrido el día anterior, cuando tropas militares en desplazamiento fueron atacadas con drones cargados de explosivos. Aunque en ese caso no se registraron víctimas, se generó un ambiente de zozobra entre la población”, señaló la entidad.
Y agregó: “La presencia de artefactos explosivos en zonas habitadas y la afectación directa a civiles constituyen una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario y vulneran los derechos fundamentales de la población”.
El ataque habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc
Según militares presentes en la zona, el atentado fue perpetrado por las organizaciones de disidencias de las Farc, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, que se disputan el control territorial en la región.
La explosión ocurre apenas tres días después de que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo confirmaran el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes asesinados por un grupo armado ilegal, lo que provocó una marcha ciudadana en rechazo a la violencia.
Calamar, situado a unas dos horas por carretera de San José del Guaviare, capital del departamento, no registraba hechos de esta magnitud en años recientes.
La Defensoría del Pueblo recordó este miércoles que ya había alertado en enero del riesgo que vivía el departamento colombiano del Guaviare (sur), donde fue hallada una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos de la región. Lea también: Los detalles de la fosa común donde hallaron los cuerpos de 8 líderes sociales
“Los hechos que se han presentado durante este año en el Guaviare son consumaciones de la alerta temprana que advertía sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de la línea de ‘Mordisco’ y las de ‘Calarcá’”, declaró la defensora del pueblo, Iris Marín.
La fosa común hallada en Calamar
La fosa fue localizada el pasado 30 de junio tras más de dos meses de búsqueda, cuando la Fiscalía, con apoyo del Ejército, recuperó los cuerpos de las ocho víctimas que llevaban desaparecidas desde abril.
En la fosa encontraron los cuerpos de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, quienes habían sido citados presuntamente por integrantes del frente primero ‘Armando Ríos’ del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que delinque en la zona.
Según la Fiscalía, los líderes fueron acusados de colaborar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y llevados a un predio abandonado donde finalmente fueron asesinados por orden de mandos del EMC cercanos a alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de esa disidencia.
Marín alertó que la situación humanitaria sigue siendo crítica: “Se mantienen confinamientos, restricciones de movilidad y una grave afectación de derechos. Sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas”.
La defensora también denunció violencia contra las mujeres y los pueblos indígenas Jiw y Nukak, en riesgo de exterminio.
“Hemos recibido información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y hemos coordinado acciones con la Fiscalía y autoridades nacionales y territoriales para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva”, advirtió.
Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también condenó este miércoles los asesinatos y reiteró que la estigmatización contra los líderes sociales alimenta el conflicto armado.
“Condenamos enérgicamente la desaparición y posterior asesinato de ocho líderes en Calamar por parte de un grupo armado no estatal”, señaló la oficina en un comunicado divulgado en su cuenta de X.