El Consejo de Estado dio luz verde a una demanda de pérdida de investidura en contra del congresista del Pacto Histórico, David Ricardo Racero Mayorca, por presunto tráfico de influencias relacionado con la asignación de contratos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La acción fue radicada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y podría derivar en la conocida “muerte política” del parlamentario si prospera.
La decisión fue adoptada mediante auto fechado el 2 de julio, firmado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien determinó que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1881 de 2018. Se ordenó notificar personalmente a Racero, quien tendrá un plazo de cinco días para responder por escrito, presentar pruebas o solicitar la práctica de las que considere pertinentes. Lea: Revelan audios que exponen a David Racero en presunto doble juego
Chats y audios comprometen a Racero en presunto tráfico de influencias
Como parte del material probatorio fueron incluidos chats y grabaciones divulgadas por el periodista Daniel Coronell, en los que se evidencia una supuesta gestión del congresista ante el entonces director del SENA, Jorge Londoño.
En uno de los audios, Racero solicita directamente que se le asignen contratos de prestación de servicios en el departamento del Cesar, y sugiere que su tío se comunique con el director regional de la entidad.
Además, en otra conversación, Racero describe lo que sería una estrategia en tres fases para posicionar a sus allegados en cargos directivos dentro del SENA, con el objetivo de garantizar su continuidad a través de concursos públicos.
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra Racero y Londoño para establecer si se incurrió en alguna conducta disciplinaria, en particular posibles violaciones al régimen de inhabilidades y actos de clientelismo. De forma paralela, la Corte Suprema de Justicia evalúa si hay mérito para abrir un proceso penal por el presunto delito de tráfico de influencias.
Este escándalo se suma a denuncias previas relacionadas con condiciones laborales irregulares en un establecimiento familiar tipo fruver, donde, según grabaciones conocidas en mayo, Racero habría ofrecido empleos sin contrato, jornadas excesivas y salarios por debajo del mínimo legal. Aunque el representante afirmó que esa información busca desprestigiarlo, no desmintió los audios.