La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme las restricciones de movilidad impuestas a Salvatore Mancuso, exjefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien no podrá fijar su residencia en Montería ni desplazarse libremente por ocho departamentos donde tuvo influencia como comandante de esa organización ilegal.
La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Valencia Molina, quien concluyó que la presencia de Mancuso en esos territorios no es compatible con los principios de reparación y garantías de no repetición.
Según explicó la jueza, solo podrá ingresar a esas zonas si cuenta con un permiso previo otorgado de manera expresa por las autoridades judiciales competentes. Lea: Petro se defiende: esto dijo sobre los capos en la tarima en Medellín
Entre las regiones con ingreso restringido figuran los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander. La medida también se extiende a cinco municipios de Antioquia: Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá.
“La llegada de Mancuso a los territorios donde tuvo injerencia como paramilitar no es conveniente para las víctimas”, señaló la magistrada, quien advirtió que su presencia podría generar afectaciones en comunidades profundamente marcadas por la violencia.
La defensa de Mancuso pidió levantar la prohibición
La defensa de Mancuso solicitó levantar la prohibición para que pudiera residir en Montería, alegando motivos de salud. Sin embargo, la magistrada Valencia concluyó que no se aportaron pruebas que demuestren que esa ciudad ofrecería mejores condiciones médicas que Bogotá, donde actualmente tiene fijado su domicilio.
“No existe evidencia de que la ubicación de Mancuso en una ciudad distinta a Bogotá mejore las condiciones de salud por las que pidió fijar su domicilio en Montería”, explicó la jueza.
La funcionaria judicial también precisó que no hay información suficiente sobre el cumplimiento de las obligaciones del postulado ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ni sobre su desempeño como gestor de paz, rol que le fue asignado por el Gobierno en 2023.
Aunque el Ejecutivo lo designó como gestor de paz, su condición no modifica las decisiones de los tribunales de Justicia y Paz. La jueza reiteró que su eventual entrada a los territorios donde ejerció poder armado solo podrá ocurrir bajo autorización específica, en función de las garantías para las víctimas y del proceso de verdad, justicia y reparación.
“Muchos de ellos anónimos ciudadanos que aún se esfuerzan por subsistir, pero que tienen plena conciencia de lo que para ellos significaría convivir en su ciudad con quien hizo parte de la guerra que arrebató las vidas de sus familias, amigos o vecinos”, concluyó la magistrada.