Una resolución firmada por el director de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, confirma que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, solicitó el traslado de varios privados de la libertad para que asistieran a un evento con el presidente Gustavo Petro en Medellín.
La información fue revelada por la revista Semana, que accedió al documento oficial en el que se detalla que la congresista, en calidad de “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”, remitió la solicitud el pasado 19 de junio al Inpec.
Senadora Zuleta habría ordenado liberar cabecillas para acto oficial
Según el documento, el traslado de los reclusos se autorizó bajo estrictas condiciones de seguridad y con la instrucción expresa de que fueran regresados de inmediato a su centro de reclusión una vez concluida la diligencia. La resolución estipula que el movimiento debía realizarse con apoyo de la fuerza pública y el grupo de operativos especiales del Inpec.
Adicionalmente, se indicó que los privados de la libertad no podían tener contacto con personas ajenas a la diligencia judicial en desarrollo.
Este tipo de traslados, según la documentación, ya se había realizado en tres ocasiones anteriores por solicitud de delegados del Gobierno nacional, con el objetivo de facilitar conversaciones con actores armados urbanos en el marco de procesos de paz urbana.
No obstante, el caso ha generado un amplio debate público y jurídico. Varios expertos cuestionan si una decisión de este tipo debió ser autorizada por un juez, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que enfrentan algunos de los involucrados. La polémica se intensifica por la participación directa de figuras del Congreso y por el contexto político del evento.
El Inpec, por su parte, no ha emitido declaraciones adicionales sobre el procedimiento ni sobre los nombres de los privados de la libertad trasladados. Tampoco se ha pronunciado oficialmente la Presidencia sobre el alcance y la justificación del encuentro.
El tema ha abierto un nuevo frente de discusión sobre los límites de la participación de actores armados urbanos en procesos de diálogo con el Estado y sobre los mecanismos institucionales utilizados para su inclusión temporal en eventos públicos.