La Corte Constitucional anunció que asume el control de constitucionalidad del decreto 0639 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional convocó a una consulta popular sobre reformas sociales. El alto tribunal concluyó que es competente para evaluar el decreto, con base en el artículo 241 de la Constitución Política, que le permite revisar normas por posibles vicios en su convocatoria y realización.
“El suscrito magistrado sustanciador debe asumir el conocimiento del presente asunto y, con ello, iniciar el trámite del proceso de control de constitucionalidad en los términos de la citada norma constitucional”, indicó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en su auto.
Corte asume control del decreto sobre consulta popular de Petro
La Corte aclaró que su decisión no interfiere con las competencias del Consejo de Estado, que actualmente estudia varias demandas de nulidad contra el mismo decreto, así como una solicitud de excepción de inconstitucionalidad que permitió su suspensión provisional. Ambos procesos continuarán su curso de manera paralela.
En la misma decisión, la Corte negó una petición del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien había solicitado que todas las demandas en el Consejo de Estado fueran remitidas a la Corte.
El magistrado Ibáñez consideró que no es necesario generar un conflicto de competencias y que se respetará la autonomía de ambas jurisdicciones.
Finalmente, la Corte decretó la práctica de pruebas y solicitó al Senado de la República la remisión de las actas en las que consta el concepto previo que negó la consulta popular.