Durante su visita a Medellín este fin de semana, el presidente Gustavo Petro generó controversia por sus declaraciones contra la Fiscalía General de la Nación y por su propuesta de revisar posibles beneficios jurídicos para miembros de organizaciones criminales del Valle de Aburrá.
En su discurso desde La Alpujarra, el mandatario arremetió contra fiscales locales y planteó la posibilidad de visitar la cárcel de Itagüí junto a la fiscal general Luz Adriana Camargo, con el objetivo de impulsar su estrategia de Paz Total.
“Yo llevaré, si ella quiere, es libre (...), a la Fiscal General y yo como Presidente de Colombia vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas y el asesinato”, expresó Petro ante el público, generando reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos. Lea: Petro fue criticado por subir a tarima a narcos de Medellín
El jefe de Estado señaló que buscaría aplicar los beneficios con base en las normas actuales, aunque no descartó promover una nueva ley si no encuentra respaldo suficiente. Dijo estar dispuesto a recurrir a la “presión popular” para impulsar esa normativa. También explicó que no ha planteado aún esa propuesta a la fiscal Camargo porque se encuentra fuera del país.
La polémica propuesta se da en un momento de desgaste para la Mesa de Paz instalada en Itagüí, un espacio que ha recibido críticas por su falta de avances concretos. Desde hace más de un año, los voceros de las estructuras criminales han advertido que no hay claridad jurídica sobre puntos clave del sometimiento.
Entre los asuntos más discutidos están la suerte de los bienes de los líderes, si estos serán usados o no para reparar a las víctimas, y el “punto final”, una figura que agruparía todos sus procesos judiciales.
Críticas a fiscales locales generan tensión institucional
El Presidente también lanzó una advertencia directa sobre la presunta politización de la justicia en Antioquia. Sin mencionar nombres propios, apuntó contra el actual alcalde de Medellín y su equipo: “Tener el alcalde una asesora que fue fiscal dándole órdenes a los fiscales de Antioquia para que pongan presos a sus enemigos políticos. No, señor. Eso se llama dictadura. Eso no es democracia”.
La frase fue interpretada como un respaldo indirecto al exalcalde Daniel Quintero, quien ha denunciado presuntas persecuciones judiciales tras el escándalo del proyecto Aguas Vivas, por el cual fue imputado. Quintero incluso solicitó el traslado de su proceso a Bogotá, pero esa petición fue negada.
Petro cerró su discurso con un nuevo mensaje a la administración local: “Así que le pido al alcalde Fico que no rompa la Constitución y saque su fiscal de la oficina, porque la Fiscalía debe ser independiente del ejecutivo”. También advirtió que quienes no contribuyan con sus iniciativas de paz podrían convertirse en obstáculos para su política de sometimiento en Antioquia.