Un nuevo episodio de confrontación política sacude a la Cancillería por cuenta de la licitación para la producción de pasaportes, un tema que sigue sin resolverse a dos meses de que expire la prórroga del actual contrato con la firma Thomas Greg & Sons. La controversia escaló tras las declaraciones cruzadas entre la actual ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y su antecesor, Luis Gilberto Murillo.
El detonante fue una publicación del periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, en la que advirtió que el Gobierno Nacional se vería obligado a extender por tercera vez el contrato con Thomas Greg & Sons. A raíz de esa información, Murillo aseguró que dejó estructurada una alternativa legal para evitar otra prórroga. Lea: Estos son los 15 países donde el pasaporte ya no se sella al viajar
Según Murillo, antes de dejar el cargo, su despacho concretó un acuerdo con Portugal que, de haberse implementado, habría permitido iniciar la producción de pasaportes en septiembre de 2025. “Hoy, Colombia arriesga perder la inversión y la transferencia tecnológica y de activos acordada, y sobre todo, la oportunidad de transformar definitivamente el sistema de producción de pasaportes”, afirmó el exministro.
Gobierno aún no define si prorrogará contrato con Thomas Greg & Sons
Murillo también indicó que el convenio incluía una inversión directa por 40 millones de dólares y la entrega de activos clave para el desarrollo del sistema de documentos de seguridad del país. Pero según él, “el nuevo y actual equipo de la Cancillería no tomó la decisión”.
La respuesta de Sarabia no se hizo esperar. Visiblemente molesta, cuestionó por qué Murillo no dejó firmado el contrato si, como afirma, todo estaba listo. “Si todo estaba listo, como afirma el candidato, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales”, señaló.
A pesar del cruce de reproches, el Gobierno aún no ha informado de manera oficial cuál será el camino que tomará. El actual contrato prorrogado vence el próximo 31 de agosto, y para esa fecha el Ejecutivo deberá contar con un nuevo operador o extender nuevamente el vínculo con Thomas Greg & Sons.