Ayer 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro generó controversia al permitir la salida temporal de al menos nueve cabecillas de bandas criminales de Medellín, recluidos en la cárcel de Itagüí, para participar en un evento sobre “Paz Urbana” en La Alpujarra. Durante el acto, Petro propuso un acuerdo de paz con estas estructuras, ofreciendo beneficios jurídicos a cambio de un cese total de actividades criminales, como extorsión y violencia. Esta decisión desató críticas de opositores, liderados por el alcalde Federico Gutiérrez, quien acusó a Petro de “premiar” a delincuentes y poner en riesgo la seguridad de la ciudad, calificando el evento como una amenaza directa a las víctimas y a las autoridades locales que combaten el crimen. Te invito a leer: Juicio contra Álvaro Uribe entra en recta final con polémicos giros
Las denuncias de la oposición de Petro
La oposición, incluyendo el Centro Democrático y figuras como la concejal Claudia Carrasquilla, denunció irregularidades en la organización del evento, alegando que se usaron recursos públicos, como buses del SENA e INPEC, para movilizar asistentes, y que estructuras criminales presionaron a ciudadanos de barrios como Popular y Manrique para asistir. Te invito a leer: Miguel Uribe tuvo 3 intentos de asesinato: uno fue en el Carnaval de Barranquilla
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otros líderes calificaron la presencia de los cabecillas como una afrenta a las víctimas y una normalización de la criminalidad. Petro defendió su iniciativa como un paso hacia la emancipación de comunidades atrapadas por la violencia, instando a la Fiscalía a dialogar con los presos, pero la polémica ha intensificado el debate sobre su política de “Paz Total”.